El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mar del Plata condenó a Juan Manuel Mariscal a siete años de prisión y decomisó una camioneta Mercedes Benz, tras encontrarlo culpable de transportar más de 150 kilos de cocaína de máxima pureza. Los jueces Nelson Javier Jarazo, Jorge Aníbal Michelli y Alejandro Daniel Esmoris dictaron una condena sólo seis meses menor a la que había solicitado el fiscal Pablo Larriera y rechazaron el pedido de absolución de la defensa.

Mariscal comenzó a ser juzgado el 17 de junio en un debate que se prolongó durante tres audiencias en las que se ventiló que en la madrugada del 27 de febrero del año pasado, la policía bonaerense detuvo la camioneta Mercedes Benz Sprinter. En el vehículo viajaba el ahora condenado en dirección a Mar del Plata, cuyo arribo aguardaba porque uno de los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local contaba con la información sobre el paso por ese lugar del cargamento de estupefacientes.

Del acta del procedimiento surge que al requerir los policías la documentación personal, Mariscal -que se encontraba en el asiento del conductor- se deslizó hacia la parte trasera e intentó abrir la puerta para escapar corriendo. Pero para entonces, la camioneta ya estaba rodeada y el imputado fue detenido.

Luego, con la orden judicial, los policías requisaron la camioneta y hallaron los 153 paquetes o ladrillos de cocaína de más del 80 por ciento de pureza.

El fiscal Larriera -quien también formuló el requerimiento de elevación a juicio por el que fue juzgado Mariscal- relató a FIscales que en el curso de la pesquisa "se le detectó al imputado una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”. “Estaban todos a nombre de testaferros. Por ejemplo, su hijo, que es monotributista, tenía una coupé RCZ Peugeot, que cuesta más de 400 mil pesos”, agregó el representante del Ministerio Público. Todos esos rodados fueron secuestrados y están siendo investigados en el marco de otra causa, que se tramita ante el juez federal Santiago Inchausti.

“Creo que ahora hay que profundizar la investigación sobre el delito de lavado de activos”, indicó Larriera, por lo que se podría avanzar sobre el decomiso de los bienes, tal como prevé la legislación vigente.