La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos con prisión preventiva y el embargo en 100 millones de pesos de dos hermanos y de sus hijos -son cuatro imputados en total- por considerarlos miembros de una asociación ilícita dedicada a la falsificación de dólares y a su puesta en circulación. En la investigación hay al menos una persona prófuga.
El caso llegó a la instancia de apelación después de los recursos interpuestos por las defensas de los acusados. En audiencia oral, el fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, pidió sostener los procesamientos en base al caudal probatorio reunido, y en esa línea firmaron la resolución los jueces Eduardo Jiménez, Gabriel Di Giulio y Bernardo Bibel.
La causa se había iniciado a partir de constancias extraídas de un expediente que tramitaba ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, donde un imputado señaló a quien habría falsificado 35 billetes de 100 dólares que le habían sido secuestrados. En consecuencia, el magistrado de aquella ciudad declaró la incompetencia y remitió las actuaciones a Mar del Plata. Enseguida, el juez federal Santiago Inchausti dispuso múltiples medidas investigativas, que incluyeron tareas de campo e intervenciones telefónicas y derivaron en allanamientos en domicilios de la ciudad balnearia y en Mendoza.
Luego de las declaraciones indagatorias llevadas a cabo el 10 de marzo pasado, el juez dispuso los procesamientos de los cuatro hombres por encontrarse comprobada en esa instancia la existencia de una organización destinada a falsificar, distribuir y vender billetes apócrifos.
Ante los recursos de apelación de las defensas, la Cámara Federal convocó a la audiencia oral prevista en esa etapa, donde el representante del MPF planteó que las pruebas reunidas resultaban suficientes para la confirmación del auto de procesamiento con prisión preventiva en todas sus partes. Para ello argumentó acerca de la permanencia en el tiempo de la banda, la extensión territorial del daño causado, que a su criterio se evidenciaba en atención a las causas formadas en distintas jurisdicciones, y la clara distribución de roles y funciones en una multiplicidad de planes delictivos.
Los camaristas analizaron las pruebas reunidas en la instrucción. Destacaron que, como resultado del allanamiento de la vivienda situada en el sur de Mar del Plata, se habían secuestrado numerosos elementos de interés, como billetes presuntamente apócrifos, una prensa, una matriz de cobre de cien dólares, mesas de trabajo para serigrafía con un reflector, tintas, esmaltes sintéticos y barnices, lupa y luz ultravioleta, entre otros. Además, se valoró el resultado de las intervenciones sobre las líneas telefónicas de los acusados. Para los jueces de Cámara, en la causa “no existe orfandad probatoria”.
Entendieron asimismo que del análisis de las pruebas quedó demostrada la existencia de un acuerdo de voluntades perfeccionado por los acusados, con miras a concretar pluralidad de planes delictivos de manera perdurable en el tiempo.
“Esos planes recriminables desde el ámbito de lo penal estarían dados por la falsificación y posterior inserción en el mercado de los dólares estadounidenses apócrifos que realizarían con su actividad, aportando cada uno desde su lugar una contribución indispensable para que el programa criminal sea desarrollado en el tiempo sin limitaciones de planes que pluralmente se pergeñan en el seno de la empresa criminal destinada a falsificar moneda extranjera a medida que los compradores le fueran solicitando los billetes adulterados", explicaron los jueces.