Por iniciativa del fiscal coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, y en coincidencia con las líneas trazadas por la Procuración General de la Nación en la creación del Programa para la Protección de Consumidores y Usuarios (PGN 2968/2015), este miércoles se suscribió en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la creación de la Mesa Interinstitucional "CUIDAR" (Consumidores, Unidades de Investigación y Departamentos Administrativos Reunidos).

“Este espacio constituye una clara política de Estado, destinada a reunir y coordinar la actuación de los distintos organismos creados por las leyes de protección de consumidores y usuarios, a fin de detectar las problemáticas comunes, las líneas de acción efectivas a seguir ante dicha conflictividad, y como consecuencia, lograr la reducción de la litigiosidad, evitando de tal modo la repetición y tratamiento anárquico de los conflictos, con claro dispendio de los fondos públicos”, explicó Federico Álvarez Larrondo, integrante de la Fiscalía General Mar del Plata.

Del nuevo programa, participan el Ministerio Público Fiscal de la Nación Distrital (representado por Federico Alvarez Larrondo), el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires Distrital (representado por Darío Martín Capra), el Municipio de General Pueyrredon (representado por el secretario de Gobierno Alejandro Vicente), la Dirección General de Defensa del Consumidor local (representada por su directora Verónica Tambascia), la Justicia de Faltas de Consumo de (representado por el juez de Faltas Fernando Mumare), la Dirección General  para la promoción y protección de los Derechos Humanos de la Municipalidad (representada por su directora Sonia Rawicki) y la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon (representado por el defensor Fernando Rizzi).

Estos tres ámbitos de intervención estatal se encuentran interrelacionados entre sí, toda vez que situaciones de prevención y resolución de casos individuales, pueden resultar disparadores para constatar prácticas dañosas de características masivas, que merezcan un abordaje más complejo y sistémico, en instancia judicial. Asimismo, políticas adecuadas de tutela del débil jurídico ayudan a visibilizar con claridad la posición del Estado ante el quebrantamiento de la normativa constitucional y de orden público, destinadas a la tutela de la comunidad más indefensa.