El fiscal federal coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, solicitó penas de 16 y 8 años para Alejandro Daniel Aguirre y Gonzalo Matías Aguirre, respectivamente, por haber engañado en el verano de 2013 a tres mujeres –dos de ellas niñas de 15 y 16 años- en Florencio Varela, con falsas promesas de trabajo. Para la tercera imputada, pidió la absolución por entender que no estaba acreditada la participación criminal en el hecho. El representante del Ministerio Público requirió, entre otras cuestiones, que se contemple la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer que llegó al debate oral imputada, las amenazas denunciadas por ella durante el debate y la ausencia de un “efectivo acceso a la justicia”.

Acompañado por el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez, Adler pidió también el decomiso del Renault Logan que Aguirre que se utilizó no sólo para el traslado de las adolescentes desde el conurbano hacia Pinamar, sino para llevarlas a concretar la explotación sexual. Además –por haberse cometido el delito con ánimo de lucro- impuso multas de 80 mil y 50 mil pesos para los acusados.

Adler señaló que –conforme el artículo 23 del Código Penal- “corresponde que tanto las multas a imponer y el decomiso sean afectados a programas de asistencia a las víctimas, debiendo ordenarse luego del pago de las multas y de la realización del vehículo en cuestión, el depósito del dinero en cuenta oficial a nombre de cada una de las víctimas”.

Como último punto, requirió que se remita copia de lo actuado al Colegio de Abogados Departamental, en relación a la actuación del abogado defensor Héctor Zamora, a fin de que se evalúen las sanciones disciplinarias correspondientes por la presunta violación al artículo 60 de la ley 5177 –que da cuenta de la prohibición de defender intereses encontrados- y a las normas de ética profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En las audiencias, el defensor de Alejandro y Matías Aguirre, también asesoró a la tercera imputada, quien dijo –en el testimonial prestado en el juicio- que fue llevada bajo amenaza a “mentir” ante la justicia.

En relación a las adolescentes, Adler reparó: “Se trataba de dos niñas que se encontraban a casi 400 kilómetros de su casa, sin dinero y con escasos conocimientos para salir de un lugar donde Alejandro Aguirre tenía efectivo dominio, y además hacía notar sus influencias políticas y su capacidad de dañar”.

El argumento central que usó Alejandro Aguirre en su defensa fue que se trababa de una causa armada por intereses políticos. “Sin embargo, no pudo explicar en qué momento y de qué modo las niñas se relacionaron con gente de la política que lo quisiesen perjudicar”, expresó Adler. De hecho, “de un modo prácticamente inmediato las niñas escaparon hacia la comisaría y de allí fueron alojadas en el Hospital Municipal donde recibieron asistencia”.

"Una PyME familiar con fines de explotación sexual"

Durante su alegato, el fiscal federal señaló que se trataba de una suerte de “PyME familiar con fines criminales, de explotación sexual” y allí ubicó a Alejandro Aguirre como “dueño del negocio”. En este sentido, se refirió a un informe elaborado por Protex y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que señala que las redes de trata relevadas en causas judiciales "podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas (…) muchas veces de carácter familiar”.

En ese escenario, mencionó que Gonzalo Matías Aguirre colaboró con los hechos, “con pleno conocimiento y voluntad”. “Su rol no fue necesario sino accesorio, pero su contribución al hecho total debe igualmente ponderarse”, agregó. El representante del MPF mencionó diversos elementos: que fue el encargado de conseguir el departamento donde se alojó a las mujeres y lo visitó, compró los pasajes –ida y vuelta- de la joven víctima, e incluso fue acusado por la imputada y su hermana de amenazar a su padre. “Ojo con lo que va a declarar tu piba”, le dijo diez días antes de iniciarse el juicio.

Absolución para la imputada

En relación a la mujer acusada, Adler sostuvo: “El Ministerio Público Fiscal no forma convicción acerca de su participación criminal en el hecho. No alcanza con la realización de actos materiales sino que estas acciones externas deben estar cargadas de subjetividad final, esto es dirigidas a un propósito criminal,  y más aún en el caso de trata de personas donde al dolo se agrega una finalidad interna trascendente en el tipo final, esto es la explotación humana”.

“Este cambio de posición del MPF no resulta arbitrario sino que se funda en lo sucedido en el juicio”, apuntó y se refirió a la declaración que prestó la imputada en el debate oral. “No sólo se apartó de lo que había dicho en primera instancia, sino que manifestó que su declaración había sido convenida con el abogado de los coimputados”, apuntó. Esto lo dijo frente al mismo abogado y con el control de los Aguirre que escucharon el relato, quienes no requirieron la confrontación en ningún momento.

En un pasaje de su alegato, Adler reparó en que la imputada tiene una hija menor, producto de una violación que sufrió a los 13 años, que dijo que aceptó viajar a Pinamar para comprar los útiles para la escuela de la niña, y que no tenía empleo. Además, reparó en que dormía en el mismo lugar que el resto de las víctimas y que sólo estuvo tres días al pedir volver a su casa.

Al mismo tiempo, el fiscal coordinador del Distrito Mar del Plata reparó en “la ausencia, hasta el juicio, de un efectivo acceso a la Justicia, en un entorno en el cual, con evidentes intereses contrapuestos, fue imputada de un delito gravísimo en el cual fue llevada a defenderse por el mismo abogado que representó a los principales imputados”.

Los hechos juzgados

El representante del MPF dejó constancia de que el 18 de enero de 2013, Alejandro Aguirre fue a Florencio Varela y previo requerir la autorización de la abuela de las menores de edad –hoy fallecida- “les prometió en forma engañosa y aprovechando su situación de vulnerabilidad, trabajo de verano en Pinamar, cuando en realidad el propósito final era explotarlas sexualmente”. Las niñas tenían entonces 15 y 16 años, habían quedado huérfanas y al cuidado de sus abuelos, quienes carecían de ingresos e incluso ellas mimas trabajaban para mantener a sus hermanos, uno de ellos discapacitado. La más grande había tenido un embarazo reciente, perdiendo su hijo al nacer.

A la mañana siguiente, Aguirre las llevó en el automóvil Renault Logan de su hijo Matías, desde el conurbano hacia Pinamar. Durante el viaje, de acuerdo al testimonio de las víctimas, les dijo que debían cambiar sus nombres y decir que eran mayores de edad. En la ciudad balnearia, fueron alojadas en un departamento que Matías había conseguido para su padre, frente a la terminal de micros.

Por unos días, trabajaron en un lavadero de autos, limpiando y cuidando niños, hasta que Alejandro Aguirre les dijo que “todo el esfuerzo que ellas hacían trabajando lo podían ganar en un solo día haciendo sexo, que había cuatro abogados limpitos, muy buenas personas que ellos conocían con los cuales debían mantener relaciones sexuales”. Enseguida, les dijo que tenían que hacerlo porque a su abuela le hacía falta la plata y que si no se tenían que ir. “¿A dónde iban a ir esas niñas? Se encontraban a 350 kilómetros de su casa y sin dinero”, reparó Adler.

La explotación sexual –continuó el fiscal- se consumó en reiteradas oportunidades, siendo trasladadas por el propio Aguirre a distintos lugares. En una oportunidad, las niñas fueron llevadas a una vivienda donde mantuvieron relaciones sexuales durante aproximadamente una hora con cuatro hombres a quien el imputado calificó como “adinerados y abogados”.

Una discusión entre Alejandro Aguirre y su hijo menor –quien convivía en el departamento con las víctimas- permitió la huida del lugar. En el marco de esa disputa, “el padre blandió un arma de fuego en forma amenazante”. Tras escapar, con bolsos en mano, un policía les dijo que acudieran a la comisaría, donde comenzó la investigación del caso.

El segundo hecho juzgado ocurrió el 1° de febrero de 2013 cuando Matías Aguirre, siguiendo indicaciones de su padre, compró dos pasajes desde Florencio Varela a Pinamar a nombre de una joven y de la tercera imputada. La propuesta eran tareas de limpieza por un sueldo de 4 mil pesos.

Ambas fueron recibidas y alojadas en el mismo departamento donde estaban las menores. Allí, el hijo menor de Aguirre le dijo a la víctima que “se vista de puta para estar con diez bolivianos”. Al negarse, le dijeron que “no servía para eso”, y Matías Aguirre le compró al día siguiente un pasaje de regreso a Florencio Varela. Tres días después, lo mismo hizo con la coimputada.