Daniel Adler, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, interpuso un recurso de casación para que se revoque la excarcelación de dos policías acusados de robar tres kilos de cocaína en un falso operativo. Los imputados estaban detenidos desde junio de 2014, y una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata les concedió este beneficio, en lo que fue considerado como un fallo arbitrario por parte del representante del Ministerio Público Fiscal.

Los dos detenidos están acusados junto a otros dos policías y dos civiles, de haber robado tres kilios de cocaína en una falsa redada a un traficante, de intentar venderla a terceras personas, y de utilizar parte de ella para fraguar un procedimiento policial y detener ilegítimamente a una persona. Este hecho motivó el requerimiento de elevación a juicio de los imputados, luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento con prisión preventiva de varios de los imputados.

Uno de los motivos por los cuales se hizo lugar a la excarcelación fue, según el fallo, la carencia de complejidad del caso, a pesar de que, tal como señala Adler, la misma Cámara había considerado exactamente lo contrario en julio de 2014. El tribunal esbozó a su vez el prolongado tiempo de instrucción de la causa como argumento válido para determinar la excarcelación, cuando en realidad esa etapa se encuentra ya concluida y se está a las puertas del juicio oral.

En su dictamen, Adler indicó que el fallo de la Cámara que otorgó el beneficio a los imputados omitió valorar las amenazas que recibieron los fiscales federales de Mar del Plata a cargo de la investigación el mismo día de la detención de los uniformados (5 de junio de 2014), hecho que motivó la sustanciación de una pesquisa que tramita ante la Fiscalía Federal n°1. "Se omitió ponderar una situación de gravedad, como es el sufrimiento de situaciones de intimidación sobre quienes debemos realizar las investigaciones de graves crímenes como el que aquí nos ocupa", consignó.

Por último, el fiscal menciona como un argumento a favor de su pedido la existencia de un hecho complejo ya que no sólo los involucrados son agentes de la policía, sino que además fraguaron un procedimiento policial para poder detener ilegítimamente a una persona.