Con intervención de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizik, un hombre de 57 años fue procesado por la justicia federal acusado del delito de trata con fines de explotación laboral contra cinco víctimas –una de ellas de 13 años- abusando de la situación de vulnerabilidad. Además, se le imputa haber facilitado la permanencia irregular en Argentina de dos personas oriundas de Bolivia.

El juez Santiago Inchausti ordenó, en paralelo, trabar un embargo por 400 mil pesos y dar continuidad a la medida cautelar de intervención de diversos organismos, para lograr “el mejoramiento de las condiciones socio ambientales de todas las personas que trabajan y residen en la quinta”.

La explotación, según la investigación judicial, se consumó en un predio rural ubicado a la altura del kilómetro 13,5 de la ruta 226. Según se desprende de la resolución, se trata de un establecimiento hortícola en el que “se verificó la puesta en práctica por parte de su responsable de una forma de organización del trabajo basada en la contratación fundamentalmente de diferentes trabajadores de extrema pobreza y vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, que cobraban principalmente su salario en función de su productividad”. Al menos, ello así en la etapa de la cosecha y armado de jaulas o cajones, como en la de la carga en el camión para su transporte y posterior comercialización, que cobraban por bulto cargado un monto determinado.

El perfil de las víctimas no era azaroso. Las personas registradas en la causa provenían del Estado Plurinacional de Bolivia o de provincias del norte argentino, y llegaron a la quinta por familiares, amigos o conocidos que trabajan o han trabajado allí con anterioridad, e incluso por haber trabajado en otras quintas en las que se les ha mencionado la aquí investigada como “mejor fuente de trabajo”. “Las víctimas extranjeras lograban el ingreso a Argentina sin los trámites migratorios pertinentes, y en esa condición de irregulares fueron mantenidas en el predio”, sostuvo el magistrado, quien mencionó que esta circunstancia se corroboró al momento del allanamiento en el lugar.

Además de su lejanía con el lugar de explotación, los trabajadores compartían otras características: bajo nivel de instrucción y una situación de vulnerabilidad evidente.

Más allá de los testimonios que refieren que los menores presentes en la quinta trabajaban ayudando a su papá y su mamá y menos tiempo que aquellos, el niño de 13 años encontrado en el predio –donde también eran explotados sus padres- al declarar en instancia judicial dio precisiones de su trabajo en esta última temporada y de su salario, y remarcó que el encargado de la quinta le pagaba cuando le pagaba a su mamá, el domingo por la mañana.

La realidad en la quinta

Según surge de la investigación, ni la quinta ni las personas encargadas se encontraban inscriptos como empleadores, ni los trabajadores tenían contrato escrito, por lo que la situación era clandestina, lo que conlleva a no tener aportes sociales ni cobertura de salud.

A esto se suma “el deterioro de las condiciones de vida” en el mismo predio donde eran explotados. Esto es, por un lado, “el hábitat y la prestación deficiente de servicios elementales evidenciada en la quinta, entre lo que se destaca la falta de baños en muchas de las viviendas, la carencia de agua caliente en otras, camas hechas con cajones, etcétera”; y por el otro, de trabajo, “al haberse verificado la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de ropa y herramientas, y por supuesto en retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas”.

En relación a la situación habitacional, durante el allanamiento realizado el pasado 7 de marzo, se verificó que las familias residen allí “en condiciones precarias, con absoluta falta de medidas de seguridad e higiene mínima, en un estado de extrema pobreza y vulnerabilidad”. A esto se suma que no se observaron cloacas ni agua corriente potable, y que en el sector de viviendas se encuentra una suerte de basural con diversos residuos.

Según detalla la resolución judicial, en épocas de mayor demanda -el período de cosecha y siembra comprendido entre los meses de noviembre a mayo aproximadamente- en la mayoría de los casos se realizaban jornadas laborales extendidas que promediaban las diez horas los siete días de la semana.

De voluntades y consentimientos

Al analizar los testimonios de las víctimas del delito de trata, el juez Santiago Inchausti comprendió que “si bien algunas de las presuntas víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y residiendo en el predio, no obstante las condiciones en que se encontraban, lo cierto es que sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.

“Bajo ese tamiz –continuó-, desde que tal suerte de ‘voluntad’ no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.