El fiscal a cargo de la fiscalía federal N° 2 de Morón, Carlos Hernán García, participó en la audiencia celebrada el 19 febrero pasado, en el marco del Habeas Corpus Colectivo interpuesto por los Internos del Pabellón 2 de la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en trámite por ante el juzgado federal N° 1, Secretaría N° 1, de Morón. A dicha audiencia acudieron el jefe del Área Economato del CPF II de Marcos Paz, junto con abogados, representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y el co titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.

En su momento, en la acción colectiva, se había denunciado la mala calidad de la alimentación que recibían en el lugar, la deficiente calidad y preparación de los alimentos que se les brindaba, el insuficiente y bajo nivel nutricional y las malas condiciones de higiene en las que se preparaban, a punto de que en algunos casos la comida se encontraba en estado de descomposición, que se alimentaban de lo que les proveían las visitas, lo que era compartido entre todos, y excepcionalmente se les brindaban dietas especiales conforme los padecimientos médicos.

Ello motivó la inspección del 5 de noviembre de 2014 en la que intervinieron el titular, funcionarios y empleados de la Procuvin, el entonces representante de la Fiscalía N° 2 de Morón, y funcionarios de la Fiscalía ante el T.O.F. N°1 de San Martín.

A raíz de ello se advirtieron otras irregularidades, no sólo en cuanto a los recursos humanos para la cocina con la carencia de personal capacitado en el rubro gastronómico y el incumplimiento de los estándares mínimos alimenticios, indicados con posterioridad en el informe técnico elaborado por los inspectores de la ANMAT en relación con los estudios encomendados sobre el aspecto microbiológico y nutricional de las porciones de alimentos que allí se proveían, sino también en cuanto al mal estado de la red de desagüe cloacal y el incorrecto funcionamiento de las duchas y sanitarios del pabellón. También se comprobó la ineficiencia en las comunicaciones de los internos hacia el exterior relacionadas con el otorgamiento y funcionamiento de las líneas telefónicas terrestres.

Desde ese momento, hubo una serie de audiencias solicitadas por la Fiscalía de Morón para que las partes se pronunciaran respecto del objeto del Habeas Corpus. De esta manera, en el último encuentro celebrado, el fiscal García interrogó al representante del Servicio Penitenciario Federal sobre una serie de cuestiones respecto al funcionamiento del penal. Entre otras cosas, lo consultó sobre la actividad de contralor de la nutricionista respecto al modo de elaboración de los alimentos y las dietas pautadas dentro del complejo, si a su entender faltaba personal especializado en el área de cocina, sobre si la especificidad de las dietas especiales por prescripción médica recaía en la misma nutricionista, si se elaboraban en la misma cocina que las dietas comunes, y si intervenía el mismo personal de cocina. El representante del MPF también preguntó si todos los alimentos que consumían las personas alojadas en el penal provenían del complejo o si se permitía el ingreso de comida desde el exterior, y en todo caso, si existían alimentos restringidos y por qué motivos.

También indagó acerca de si se controlaba que la provisión de los alimentos respondiera a los valores nutricionales adecuados y si sólo se podía evaluar una alimentación inadecuada una vez que el interno había padecido alguna patología por razones alimentarias, y había tenido intervención algún profesional de la salud. A la vez, en la audiencia, el fiscal federal de Morón quiso saber si el personal penitenciario consumía los mismos alimentos elaborados en la misma cocina de los internos, si la partida presupuestaria con la que se compraban los insumos para la alimentación era la misma o estaba deslindada, si los cocineros que elaboraban dichos alimentos eran los mismos tanto para ambos, y si existían pautas de distribución interna fijadas administrativamente o dependían del arbitrio y la discreción del personal del servicio.

En otro orden, García preguntó respecto de la cuestión de los teléfonos, qué soluciones se habían adoptado al respecto, cuántas horas disponían las personas alojadas para utilizar los teléfonos, con qué cantidad de líneas se contaba para cuántos internos, y de qué tipo de líneas se trataba. Finalmente, el Fiscal solicitó que se aportara en el plazo de 72 horas la información necesaria vinculada a la frecuencia en la utilización de los teléfonos por parte de las personas alojadas en ese lugar y, en conjunto con el juez, que se informara si las líneas de teléfonos habilitadas permitían tanto el ingreso como egreso de llamadas, y si el responsable del área administrativa podía detallar sobre los presupuestos aún pendientes de aprobación referentes a la cuestión "alimentos".

Además, García pidió que se evaluara la posibilidad de efectuar con mayor frecuencia y periodicidad el retiro de desechos y realización de desobstrucciones cloacales por parte de los camiones municipales, se evaluara también la posibilidad de recurrir a municipios próximos u otros proveedores para tales tareas, y se adoptasen planes de contingencia para situaciones de emergencia como en casos de inundaciones o situaciones producidas como consecuencia de factores climáticos fortuitos. “En definitiva, que se busque la forma de adoptar otros medios prácticos y alternativos para cumplimentar o suplir dichas falencias a partir de las deficiencias advertidas y el empeoramiento en las condiciones de higiene y salubridad para los internos que ello acarrea para sus condiciones de detención”. señaló el representante del MPF.

Las respuestas del Servicio Penitenciario Federal

El 11 de marzo pasado, el fiscal García fue notificado por el juzgado sobre las respuestas del SPF. Allí se señalaba que se había dejado en funcionamiento casi en su totalidad el sistema de duchas (seis de siete), se había destapado el sistema de los desagües cloacales, que el personal de Servicios Generales de la URN 1 continuaba realizando tareas de mantenimiento correctivo para subsanar los inconvenientes que pudieran quedar con miras al óptimo funcionamiento del mismo, y que la empresa J.C. CONSTRUCCIONES estaba realizando la construcción de dos interceptores de salidas de la Unidad Residencial que se encontraban en etapas de finalización en la UR N° 1. Además, informaron que, por licitación pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se habían comenzado obras de remodelación y reacondicionamiento de la Planta de Tratamiento de afluentes cloacales a través de la empresa PREMART SA.

Por otra parte, los responsables del Servicio Penitenciario Federal indicaron que se estaban realizando en cuatro etapas los trabajos y gestiones para paliar la deficiencias observadas por la ANMAT en lo relativo al tema de las irregularidades en la alimentación, en post de un reacondicionamiento de la cocina central, implementándose cambios en la titularidad del sector, con la evaluación de la cantidad de personal necesario, así como también una mayor inserción en el control por parte de personal capacitado para contralor como ser la nutricionista del establecimiento, teniendo de esta forma un órgano externo calificado que proporciona recomendaciones y controles independientes. En cuanto a los equipamientos e insumos gastronómicos, explicaron que se realizaron pedidos de provisión y gestiones para la reparación de los existentes hasta que se reciban los nuevos.

Por último, en relación con la cuestión atinente a los problema de comunicación hacia el exterior por parte de los internos, se informó que había cuatro abonados de telefonía pública en el pabellón 2 de la Unidad Residencial 1, para el egreso de llamadas (tres de Telefónica de Argentina y uno satelital), y se realizó y remitió una filmación a modo de estudio para determinar los horarios de mayor frecuencia, con el objeto de buscar soluciones a las mayores demandas conforme con lo solicitado por la Fiscalía.