El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Leonel Gómez Barbella, dictaminó que corresponde rechazar el recurso extraordinario presentado por el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, contra una resolución por la que se le ordenó una serie de instituciones gubernamentales que presenten un plan para solucionar el ordenamiento ambiental del territorio en el que tiene competencia la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

La apelación de Conte Grand es contra una resolución del juez Sergio Torres del 25 de marzo, en la que había exhortado "a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, a la ACUMAR, al Instituto de Vivienda de la Ciudad y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que en el perentorio plazo de 15 presenten un plan dirigido a solucionar la cuestión relativa al ordenamiento ambiental del territorio”, dado que “el desorden que sobre la materia evidenciaba el complejo tenía su génesis en el acopio de cartón y chatarra en sectores de uso común por parte de un significativo número de vecinos para quienes constituye su único medio de vida y supervivencia”.

El procurador de la Ciudad se agravió respecto del Gobierno porteño. Consideró que se desconoció la competencia de ACUMAR como autoridad principal obligada al cumplimiento del fallo al incurrirse en arbitrariedad. Por su parte, Gómez Barbella opinó: “la arbitrariedad señalada no fue tal, toda vez que la solicitud se inserta dentro del marco de acción encomendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN], y que la existencia de la ACUMAR no excusa las responsabilidades que por carácter subsidiario pueden caberle a cada uno de los estados que la integran”.

Tras analizar disposiciones anteriores similares, el fiscal indicó que se trata de prácticas procesales consentidas que comprometen “la salvaguarda de intereses multisectoriales de raigambre constitucional” en la búsqueda de concretar lo mandado en la causa “Mendoza”. “Ante semejante escenario, cierto es que media la ausencia de un gravamen actual”, resumió el representante del Ministerio Público Fiscal, tras lo que concluyó que el juez Sergio Torres “debería declarar inadmisible el recurso extraordinario” interpuesto.

Cabe recordar que la CSJN dictó sentencia el 8 de julio de 2008. El máximo tribunal determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento de la cuenca y el plazo en que deben ser ejecutadas.

En el fallo, se obliga a ACUMAR a llevar a cabo un programa cuyos objetivos son: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. El Máximo Tribunal dispuso en 2012 la conveniencia de una división transitoria para su ejecución entre dos magistrados; así, designó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal a cargo de Torres para “(…) el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA ENHOSA), del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su nivel de ejecución presupuestaria (…)”, en tanto que las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008 quedaron a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, cuyo titular es Luis Rodríguez.