El jueves pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza condenó a dos hombres a la pena de 11 años de prisión por encontrarlos culpables del secuestro extorsivo de un menor de edad. Se trata de Julio César Ramírez Sandoval y Diego Martín Sánchez Arce, quienes el 2 de noviembre de 2013 habían secuestrado a la víctima que en ese entonces tenía 17 años. En representación del MPF, intervino la fiscal general Patricia Santoni.

Luego de capturar al joven, llamaron a su madre y le exigieron 500 mil pesos para liberarlo, pero, tras las negociaciones, llegaron a la suma de 15 mil. En función de todo esto, el delito que se le aplicó a los ahora condenados fue el de secuestro extorsivo agravado por haberse recibido el pago del rescate, tratarse de una víctima menor de 18 años y haber intervenido más de tres personas (artículo 170, segundo párrafo e incisos 1° y 6° del Código Penal).

La captura del joven por parte de los imputados se había producido durante la noche de aquel 2 de noviembre, cuando, con el uso de armas de fuego, Ramírez Sandoval y Sánchez Arce sacaron al joven de un departamento “con los ojos vendados” y lo subieron “a un rodado marca Fiat Palio, color gris”, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio que en su momento había firmado el fiscal federal que instruyó la causa, Fernando Alcaraz.

La novia del joven, testigo del secuestro, dio aviso enseguida a la policía provincial, a partir de lo cual se inició la investigación.

De esta manera, se pudo saber que la víctima había sido trasladada a una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén, donde lo tuvieron aproximadamente por dos horas. Luego, los secuestradores lo llevaron a otras dos viviendas hasta que al fin lo liberaron en una esquina de la ciudad, alrededor de las 7 de la mañana del 3 de noviembre. La liberación, sin embargo, se produjo tras el pago de 15 mil pesos efectuado por la madre del joven, que, siguiendo las instrucciones de los captores, los había dejado en el interior de una bolsa de nylon en un guardarriel ubicado sobre un puente. Tras su puesta en libertad, se pudo constatar que la víctima presentaba marcas de golpes y heridas producto del daño físico que había sufrido por parte de sus captores.

Durante el alegato, la fiscal Santoni precisó ante el Tribunal que la prueba contra los responsables del delito era muy contundente, porque se contaba con la intervención directa de las escuchas telefónicas, la filmación de las cámaras de seguridad de la zona donde la madre de la víctima dejó el dinero y de cuando, al menos uno de los imputados, fue en busca del rescate. En función de todo esto, había solicitado 13 años para los dos, una cantidad cercana a la que finalmente terminaron aplicando los jueces.