27 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la fiscal Gloria André
Mendoza: solicitan penas de hasta dieciséis años de prisión a los acusados de un secuestro extorsivo
Seis hombres están acusados de haber sustraído de su domicilio y retener por varias horas al hijo de un empresario, a quien liberaron luego de que su padre les entregase doscientos mil pesos.

La fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, Gloria André, solicitó penas de hasta dieciséis años de prisión para los seis responsables del secuestro extorsivo del hijo de un empresario. De acuerdo a la imputación, Nicolás Leal, Héctor Díaz Mieres, Germán Ibargoyen, Oscar Traico, Jorge Coria Cabeza y Jonathan Tempesti se organizaron para sustraer de su domicilio al joven y retenerlo por varias horas. La víctima fue liberada una vez que su padre le entregó a sus captores doscientos mil pesos en efectivo. 

Conforme el alegato de la fiscal André, los seis imputados son responsables del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por mediar violencia e intimidación con arma de fuego, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, todos como autores, salvo Tempesti, que fue señalado como partícipe necesario.

Para Nicolás Leal, Germán Ibargoyen y Héctor Díaz Mieres, el pedido fue de dieciséis años de prisión, por el agravante de tenencia de armas de fuego sin debida autorización, junto con una multa de diez mil pesos. En el caso de Yancovich y Coria Cabeza, el pedido fue de quince años de reclusión, y de catorce para Tempesti.

El hecho que está en debate ocurrió el 12 de julio de 2018 entre las 9 y las 9.45 de la mañana, cuando los seis acusados, junto a otra persona imputada y con pedido de detención, habrían intervenido en la sustracción de la víctima JLA, mientras dormía en su domicilio particular, ubicado en el Barrio Jardín Village, del departamento de Guaymallén. Conforme la reconstrucción de los hechos, JLA fue despertado por un hombre armado que lo hizo trasladarse hasta la planta baja de la casa, donde se encontraba la empleada doméstica de la casa, sentada y maniatada. 

Luego de que otros tres individuos se sumaran a la escena, se le solicitó a la víctima que los guiase hasta donde se encontraban las cajas fuertes de la casa, de donde sacó tres mil pesos. Entonces, se le informó que iba a ser secuestrado y que pedirían un rescate a su padre, para lo que utilizaron su teléfono celular. Antes de retirarse del domicilio, los captores sustrajeron del lugar una computadora portátil, una cámara de fotos, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo en moneda local y en divisas extranjeras (dólares, reales, y pesos colombianos y chilenos).

Los captores efectuaron un primer llamado, mediante el cual solicitaron al padre de la víctima la cifra de cuatro millones de pesos para su liberación. Acto seguido, hicieron salir a JLA de la casa a punta de arma de fuego, donde un quinto individuo lo subió a un automóvil de vidrios polarizados y lo trasladó por más de treinta minutos por distintas calles del distrito de Dorrego. Luego, le solicitaron que los guiase hasta la empresa de su padre, donde la víctima les habría señalado cuál era la entrada de la oficina, ubicada en la ciudad de Mendoza. 

Los captores habrían circulado por la zona para luego trasladarse hasta la terminal de ómnibus de la ciudad, donde los estaba esperando el padre de JLA en su camioneta, tal como habían acordado, e hicieron que los siguiese hasta la localidad de Guaymallén. Tras detenerse en una esquina, uno de los captores bajó del vehículo y se acercó hasta la camioneta conducida por el padre de JLA. El hombre entregó doscientos mil pesos a través de la ventana de su vehículo, por lo que los captores liberaron a su víctima, antes de darse a la fuga con el dinero. 

La división de roles

De acuerdo a la acusación, para llevar a cabo el secuestro fueron necesarios tres grupos. El primero se ocupó de la sustracción de la víctima, las llamadas extorsivas, el cobro del rescate y la posterior liberación. El segundo se habría ocupado de realizar el seguimiento y la vigilancia del padre para garantizar la impunidad del hecho, y el último habría procurado los medios para obtener la cobertura del hecho y la impunidad de quienes intervinieron en él. 

Al haber utilizado no solo el teléfono celular de la víctima sino también un dispositivo propio, en la investigación se intervino la línea del celular del padre de JLA para identificar el abonado correspondiente al captor que se comunicó con él. Así se dio con el teléfono de Leal, quien a su vez mantenía conversaciones frecuentes con los demás involucrados de la causa, y cuyo dispositivo impactó en las celdas próximas al recorrido realizado durante el secuestro. 

Así, bajo esta hipótesis, Nicolás Leal habría sido una de las personas que ingresó al domicilio de la víctima, como también quien llevó adelante las comunicaciones y la coordinación general del secuestro. Luego se habría trasladado junto a la víctima en el automóvil conducido por Germán Ezequiel Ibargoyen, en el que también se encontraba Héctor Alexis Díaz Mieres, encargado de buscar el dinero del rescate que pagó el padre de JLA para su liberación. 

Al mismo tiempo, Jorge Coria Cabeza y Oscar Alberto Traico estuvieron a cargo de la vigilancia de la camioneta en la que se trasladaba el padre de la víctima, desde que salió de su oficina hasta el momento en el que se efectivizó el pago, y Jonathan Tempestti fue el encargado de acondicionar el automóvil en el que los captores mantuvieron cautivo a JLA durante las negociaciones. Por último, Leal, Díaz Mieres e Ibargoyen están acusados de haber dispuesto de armas y municiones sin documentación que acreditara su tenencia legítima, que fueron secuestradas en el allanamiento realizado en la vivienda que compartían los tres, en el marco de la investigación.