Con la intervención de la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Liliam Delgado, el pasado 17 de abril se celebró una audiencia multipropósito, en el marco de un procedimiento de flagrancia, que concluyó con una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas para Rubén Toledo, en orden al delito de encubrimiento de contrabando de importación.
La investigación contra Toledo se inició en la noche del 10 de febrero pasado, cuando personal de la Delegación “Eldorado” de la Prefectura Naval Argentina realizaba tareas de control en el acceso al Río Paraná, en la zona conocida como “La Tosquera” de la localidad misionera de Puerto Piray y advirtió la presencia de un Fiat Uno Fire gris, que el imputado conducía marcha atrás, a unos 150 metros de la costa.
Los efectivos interceptaron el vehículo y descubrieron que Toledo transportaba seis cajas, las cuales contenían trescientos cartones de cigarrillos “Eight”, de industria paraguaya cuyo aforo –según la Aduana de Puerto Iguazú- alcanzaba un valor total de plaza de $127.272,56.
Oportunamente, la fiscal Delgado efectuó su requerimiento de elevación a juicio con la propuesta de realizar un proceso abreviado, el cual fue aceptado por el imputado y su defensor, Ricardo Canteros Leyes. Así, el pasado 17 de abril se realizó la audiencia de rigor, en la que el imputado admitió su responsabilidad como autor del delito de encubrimiento de contrabando de importación.
El juez federal Miguel Ángel Guerrero lo condenó a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, dado que Toledo no tenía antecedentes penales, no intentó eludir el accionar de la justicia, no cometió nuevos delitos ni actos antisociales o que hubieren generado alarma social. Además, le impuso la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal por el término que dure la condena.
Asimismo, el magistrado ordenó la anotación del vehículo en el que se desplazaba Toledo a disposición exclusiva de División Aduana de Iguazú de la Dirección General de Aduanas, el decomiso y desnaturalización de su teléfono celular y la incineración de los cigarrillos incautados.