04 de diciembre de 2023
04 de diciembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Informe elaborado por la Dirección General de Acceso a la Justicia
Moreno: relevaron las condiciones de vida en el barrio popular Las Catalinas
Fue en el marco de un pedido de colaboración formulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, a cargo de Leonardo Filippini, para establecer la situación habitacional y sanitaria de las personas que viven a la vera del arroyo Villanueva, en la localidad bonaerense de Trujui.

A pedido de la Fiscalía Federal de Moreno, a cargo de Leonardo Filippini, personal de la delegación local de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) elaboró un informe sobre la situación habitacional, sanitaria y las condiciones de acceso a servicios básicos de las y los residentes del barrio Las Catalinas, en la localidad bonaerense de Trujui, en dicho partido bonaerense. También, se relevaron los mecanismos de gestión de residuos domiciliarios disponibles en la zona, la presencia de comercios, industrias y otros establecimientos que generen desechos y requieran habilitación municipal para funcionar.

El barrio Las Catalinas está incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y sujeto a la Ley N° 27.453 del “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, que pone en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la ejecución de acciones coordinadas con otros organismos y ministerios competentes. Ello, para facilitar el acceso a los servicios públicos básicos y asegurar que gradualmente -a través de medidas adecuadas desarrolladas por todos los niveles de gobierno- los habitantes se constituyan en usuarios formales. Además, el asentamiento se ubica a la vera del arroyo Villanueva lo que, de acuerdo al Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, implica un riesgo para la salud, por la presencia de residuos en su margen y por la posibilidad de inundación y/o anegamiento.

Asimismo, la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el partido de Moreno, fue cedida por la Provincia de Buenos Aires al Estado Nacional, desde julio de 2016. Así, la responsabilidad por la provisión de estos servicios está, desde marzo de 2017, en cabeza de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), y abarca 31,92 km2 y abaste al 38,94% de la población de la zona. Desde entonces, la empresa estatal trabaja para reforzar el abastecimiento debido a que los sistemas de producción y transporte de agua potable se encuentran al máximo de su capacidad.

Sin embargo, en más de cinco años, la prestataria no logró ampliar el radio servido o la cantidad de personas abastecidas. De hecho, gran parte de la localidad de Trujui carece de acceso a la red de aguas y cloacas.

El informe de ATAJO

A fin de cumplir con el pedido de la fiscalía, la trabajadora social Rocío Obregón y el abogado Macelo Sonvico recorrieron la zona y realizaron múltiples entrevistas a vecinos del lugar para elaborar un amplio informe interdisciplinario. El documento destaca las deficiencias verificadas en el abastecimiento de agua potable; el sistema de alcantarillado de aguas servidas; el desagüe de aguas pluviales; la prestación de los servicios de gas y de electricidad y la recolección de residuos.

Por otra parte, el estudio indica que Las Catalinas es un barrio de unos siete años de antigüedad, donde la mayoría de las viviendas son de material, tienen una y hasta dos plantas y comienzan a edificarse a un metro del piso, generalmente sobre una base de troncos de madera. Además, muchas de las edificaciones aún están en construcción y/o en proceso de ampliación. Asimismo, predominan las calles de tierra y con trazado irregular y angosto que, sumado a la presencia de escombros y basura, impide el tránsito de vehículos como ambulancias y móviles policiales.

El agua que consumen las y los vecinos del lugar proviene de pozos individuales de alrededor de 60 metros de profundidad, que se ubican a la vera del arroyo y carecen de todo tipo de control técnico o de calidad. El barrio tampoco cuenta con servicios cloacales, y los efluentes líquidos son evacuados a pozos ciegos y zanjas a cielo abierto, y descargados -sin ningún tipo de tratamiento- al arroyo Villanueva. Todo ello genera un olor desagradable y penetrante que se extiende por toda la zona de manera permanente.

Con relación al servicio de gas que las y los habitantes del barrio utilizan para cocinar y calefaccionar sus viviendas, proviene de garrafas; mientras que la energía eléctrica es tomada de postes que los propios usuarios construyeron para conectar sus viviendas al suministro.

Las personas entrevistadas agregaron que la mayor parte de las tareas de mantenimiento e higiene del barrio las realizan ellos mismos, y que el Municipio cuenta con un servicio de recolección de residuos. Así, diariamente, un camión retira la basura que se acumula en una de las esquinas del barrio.

El relevamiento también evidencia que los y las habitantes del barrio atienden sus problemas de salud en la Unidad Sanitaria Santa Brígida y en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Sin embargo, las personas que padecen otras patologías más complejas se trasladan hasta el Hospital Zonal de Agudos “Gobernador Domingo Mercante”, ubicado en el Municipio de José C. Paz.

En cuanto a la escolaridad, las niñas y niños del barrio concurren a las Escuelas Primarias N°31 “Dardo Rocha” y N°47 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”, dado que son las más próximas a sus casas.

El estudio señala que “la condición de desventaja social que impide a ciertos sectores la disponibilidad de recursos materiales y simbólicos provenientes del Estado, la sociedad y sus organizaciones”, y destaca que “las familias no cuentan con los servicios básicos que una comunidad necesita para vivir y desarrollarse en forma plena y saludable”.

En tal sentido, el documento exhorta a que las agencias estatales que correspondan “garanticen, regulen o controlen la manera en la que están viviendo para poder evaluar la relocalización de estas familias o modificar las situaciones y calidad de vida de las mismas”, de acuerdo a lo normado por la Observación General N°15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) del sistema de Naciones Unidas. Dicha normativa dispone, en sus artículos 11 y 12, los criterios jurídicos que argumentan la necesidad de protección e incorporación del acceso al agua y saneamiento como un Derecho Humano, como parte del Derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado.