El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón decretó el procesamiento como coautoras el delito de concusión de las personas que ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero y de un colaborador de un centro de jubilados y pensionados de Gregorio de Laferrere y de una funcionaria del PAMI encargada de la supervisión de la entrega de los bolsones alimenticios que la obra social otorga a los jubilados y pensionados beneficiarios del programa “Promoción del Bienestar de los Mayores” (Pro Bienestar), dado que consideró acreditado todas ellas cobraban de forma indebida para brindar un beneficio que la obra social de los jubilados cubre totalmente.

En la causa interviene la Fiscalía Federal N°1 de Morón. Su origen fue una denuncia presentada en 2019 por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI PAMI), Javier Arzubi Calvo, como resultado de una investigación preliminar.

Aquella pesquisa se inició con la comunicación de una persona que relató que en el centro de jubilados se le exigía la entrega de un monto de dinero determinado como condición para el otorgamiento del bolsón de alimento.

Las diversas tareas de investigación impulsadas desde la UFI-PAMI -que incluyeron el contacto con otras potenciales víctimas- permitieron constatar que 405 afiliados beneficiarios del programa habrían sido víctimas de la misma modalidad delictiva. De acuerdo con los cálculos de la unidad especializada, en ese momento los denunciados se habrían alzado con un monto aproximado de 170 mil pesos anuales.

El denominado Programa Pro Bienestar fue creado con el objeto de elevar la calidad de vida y bienestar de los beneficiarios del PAMI, que viven en situación de desamparo. Tiene el objeto de proporcionar asistencia para la alimentación y vivienda a personas en condiciones de pobreza. El beneficio resulta gratuito para los afiliados, toda vez que su costo es 100 % cubierto por la obra social.

El juzgado consideró que los hechos denunciados encontraron suficiente respaldo en la investigación preliminar realizada por la UFI-PAMI y que estuvieron sustentados en las tareas de constatación y prueba efectuadas con posterioridad.

Los integrantes del centro de jubilados fueron procesados en calidad de “funcionarios públicos”. El juzgado entendió que, aunque no integraban la planta del PAMI, sus labores respondían a la voluntad estatal en cuanto que el centro de jubilados actuaba como efector comunitario para brindar prestaciones otorgadas por mediante el Programa Pro Bienestar.

Asimismo, el tribunal entendió que la maniobra por la que los imputados fueron procesados repercutió en el amparo y en la contención de uno de los grupos más vulnerables de la población como son los adultos mayores, como también en la accesibilidad y calidad de un servicio de interés público, como es la alimentación.