Carlos Hernán García, a cargo del equipo de la Fiscalía Federal Nº2 de Morón, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que cuatro personas están imputadas de haber secuestrado a un hombre para cobrar un rescate, vestidos con prendas identificadas con la inscripción "Policía". La víctima fue abordada en su vivienda ubicada en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, luego de que los acusados rompieran la puerta, exhibieran armas de fuego y la obligaran a ascender a la parte trasera de un auto en el que permaneció por más de cinco horas. A su vez, exigieron a la pareja de la víctima que se comunicara con un número de celular para que pagara el recate. También, se apoderaron ilegítimamente de las pertenencias de los dueños de casa y allegados.

Dos días después de liberado en la localidad de Gregorio de Laferrere, los secuestradores se comunicaron nuevamente en varias oportunidades para exigirles nuevas sumas de dinero con el objeto de completar lo que restaba pagar del rescate originalmente exigido y devolverle parte de las pertenencias.

Tres de las cuatro personas que integraban la banda deberán responder como “coautores penalmente responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por el cobro del rescate y por el número de intervinientes, en concurso ideal con el delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, los que a su vez concurren de forma real con los delitos de extorsión en grado de tentativa y portación de arma de guerra sin la debida autorización legal". El cuarto está acusado de ser "coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por el cobro del rescate y por el número de intervinientes, en concurso ideal con el delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, los que a su vez concurren de forma real con los delitos de extorsión en grado de tentativa y tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, este último ilícito, en calidad de autor" .

Para el representante del Ministerio Público, los elementos probatorios resultaron contundentes e indicativos de que los imputados tenían vínculo organizacional entre ellos y que el objeto de la relación que los unía era la perpetración de delitos contra la propiedad.

En relación con la extorsión cometida con posterioridad al secuestro, la misma quedó en grado de tentativa por cuanto la víctima finalmente no entregó el dinero exigido por los imputados. Al respecto, el fiscal entendió que "lo sucedido no admite otra interpretación, en la medida que, un damnificado del delito de secuestro extorsivo, que recibe, una vez liberada, nuevas comunicaciones de sus captores, a través del mismo ducto radial, exigiendo más dinero, coarta su libertad de determinación sobre la disposición de su patrimonio, para satisfacer la voluntad de quien lo obliga, con la convicción de que, si no cumple con las nuevas pretensiones delictivas, podría volver a ser objeto de un nuevo ilícito de similares características de gravedad al vivenciado tan sólo dos días antes, teniendo en cuenta que sus captores sabían dónde vivía y cómo estaba conformado su núcleo familiar".