El pasado 15 de diciembre, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la apelación interpuesta por el titular interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°7, Julio A. Roca, y revocó el sobreseimiento dictado por el juez Osvaldo Rappa, en favor Elena Carla Soledad Soto, una mujer sospechada por la muerte del referente senegalés Massar Ba, ocurrida el pasado 8 de marzo.

A los pocos días de iniciada la investigación por la muerte de Ba, la fiscalía le solicitó al juzgado interviniente la realización de una serie de medidas tales como la implantación del secreto de sumario, el allanamiento del lugar donde se había visto a Ba por última vez, la detención de Soto y su indagatoria. Sin embargo, el juzgado se negó, impugnó el requerimiento de la fiscalía y reasumió la pesquisa.

Según se pudo establecer en la investigación, en la madrugada del 7 de marzo pasado, momentos antes de aparecer moribundo en la vereda de la calle México al 1400, Massar Ba estuvo en un prostíbulo de la cuadra. Los investigadores intentan determinar las circunstancias que derivaron en la caída del hombre, desde uno de los balcones –a mediana altura- que produjo que quede tendido en la vía pública, donde pedía auxilio. El SAME llegó al lugar alertado por un vecino y trasladó a Ba al Hospital Ramos Mejía, donde finalmente falleció a causa de las lesiones.

La autopsia realizada por facultativos del Cuerpo Médico Forense, reveló que el hombre murió por politraumatismo y hemorragia interna y que no presentaba lesiones defensivas. Asimismo, los exámenes toxicológicos revelaron que tenía cocaína y metabolito de cocaína en sangre.

Soto fue la última persona que estuvo con Ba, previo a sufrir las lesiones que le causaron la muerte. Dicha persona no habría llamado a los servicios de emergencia ni a la policía, ni tampoco habría auxiliado al hombre, al tiempo que dejo de frecuentar el prostíbulo de la calle México.

Luego de profundizar ciertos aspectos de la investigación y obtener un descargo de la imputada, el juez Rappa, con fecha 4 de Octubre de 2016, decretó su sobreseimiento. Esta decisión fue impugnada por el fiscal Roca, quien la consideró prematura, toda vez que subsistían distintas hipótesis, debiéndose ordenar diferentes medidas de prueba para poder dilucidar cómo habría acaecido el hecho y determinar la eventual responsabilidad de Soto (y de terceras personas). La Cámara de Casación, de manera coincidente, consignó profundizar la investigación, "…máxime al ponderar que lo obrado da cuenta que la encausada fue una de las personas que se encontraba junto a la víctima en momentos inmediatamente anteriores a su deceso, y todavía no ha sido posible corroborar las circunstancias que desencadenaron tal resultado…".