El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a 13 de los 15 acusados de integrar una banda dedicada la narcotráfico que estaba organizada y dirigida por una mujer desde su presidio en la Unidad Penal N°3 de Mendoza y que actuó al menos entre abril y noviembre de 2012. "Los imputados llevaron un plan en común adelante, el cual era el comercio de estupefacientes entre las dos provincias", aseguró el fiscal general ante el TOCF, Francisco Maldonado, en la acusación.

La sentencia fue dictada por los jueces Hugo Echegaray (presidente), Fátima Ruiz López y Juan Carlos Turcuman el 10 de febrero pasado. El tribunal sanjuanino receptó la calificación formulada por fiscal Maldonado, quien sostuvo que se trató de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Los condenados -a quienes en diferentes procedimientos se secuestró más de diez kilos de cocaína de máxima pureza- son Sandra Erica Monastarios, en carácter de jefa de la organización; Jorge Alberto Montenegro, quien ejecutaba las órdenes y coordinaba la logística para transportar y comerciar la cocaína desde Mendoza a San Juan oculta en las ruedas de auxilio de remises; Jorge Orlando Sánchez, remisero; Jonatan Emmanuel Cruz, Jimena Magalí Quiroga (hija de Monastarios y pareja de Cruz) y Carmen Patria Cruz y Carmen Cruz (madre y abuela de Jonatan Cruz, respectivamente), quienes también ejecutaban las instrucciones de Monastario; Alex Cristian Tejerina, quien comerciaba estupefacientes y, por su profesión de gomero, se encargaba de acondicionar la cocaína en el interior de las ruedas de auxilio de los remises; Emanuel Gastón Salinas, su tía Claudia Laura Flores, la pareja de esta, Carlos Alberto Figueroa, y Hugo Orlando Montiveros, quienes se encargaban a transportar, distribuir y comercializar al menudeo los estupefacientes una vez que llegaban a San Juan; y María Vanina Ghisleni, quien fue detenida en un colectivo cuando transportaba en un bolso los estupefacientes de Mendoza a San Juan.

Las penas más altas correspondieron a Monastarios, quien recibió nueve años y medio de prisión (Maldonado había pedido diez) y la obligación del pago de una multa de 3000 pesos, y para Carmen Cruz, quien fue condenada a siete años (el fiscal pidió ocho) y al pago de una multa de 2000 pesos. Cruz también fue encontrada responsable de la tenencia ilegal de un arma de fuego.

Por su parte, Montenegro, Sánchez, Jonatan y Carmen Cruz, Quiroga, Salinas y Montiveros fueron condenados a siete años de prisión (Maldonado había requerido ocho años) y al pago de una multa de 2000 pesos.

Finalmente, el tribunal coincidió con el fiscal respecto de la sanción a Tejerina, Flores y Figueroa, quienes recibieron seis años de prisión y la obligación de pago de una multa por 1500 pesos, y de Ghisleni, condenada a tres años de prisión en suspenso.

En tanto, fueron absueltos Jesica Gisela Soledad Abrego, pareja de Montenegro y acusada de formar parte de la logística, y Alfredo Guzmán, imputado como distribuidor, para quienes el fiscal había requerido seis años de prisión y una multa de 1500 pesos.

En su alegato, el fiscal Maldonado consideró probado el "dolo de tráfico" de los acusados. En ese sentido, evaluó que "la cantidad de cocaína secuestrada, más de 10 kilos y de máxima pureza, las comunicaciones telefónicas efectuadas, las filmaciones que ilustran los movimientos del grupo, en especial la conducta llevada a cabo por Monasterio desde su lugar de detención, estableciendo la logística y dando directivas a los intervinientes en el grupo, sobre la compra de estupefacientes, su acondicionamiento y distribución, elección de las personas encargadas de transportarlas, lugares donde ocultarlas, organizando y coordinando la tarea del grupo, fijando el precio de la sustancia estupefaciente y percibiendo su cobro, denotan de manera palmaria ese plus subjetivo requerido por el tipo penal que se les atribuye".

La organización

Maldonado describió que entre abril y noviembre de 2012 la organización trasladó estupefacientes desde la provincia de Mendoza a la de San Juan para su comercialización y que Monastarios, en su carácter de líder, comandó las maniobras "mientras se encontraba detenida".

"Monasterios intervenía de manera activa en la compra de estupefacientes, su acondicionamiento y distribución, elección de las personas encargadas de transportarlas, lugares donde ocultarlas, organizando y coordinando la tarea del grupo, fijando el precio de la sustancia estupefaciente y percibiendo su cobro", describió el fiscal.

En ese sentido, precisó que Monastarios "mantuvo comunicaciones telefónicas y mensajes de texto que la vinculan con los demás integrantes de la organización y de cuyo lenguaje surge clara la autoría en delitos relacionados con el narcotráfico entre las dos provincias".

Según la acusación fiscal, la hija de Monastarios, Jimena Quiroga, y su pareja, Jonatan Cruz, recibían telefónicamente las instrucciones en relación a la entrega de cocaína y a su cobro.

"La sustancia que vendía Monastarios era provista por Carmen Cruz y Carmen Patricia Cruz, abuela y madre respectivamente de Yonatan Cruz, quienes fabricaban la cocaína", añadió el fiscal.

"Para comerciar y transportar la cocaína hasta a la provincia de San Juan contó con la intervención de Jorge Alberto Montenegro, coordinando a través de comunicaciones telefónicas el medio para transportar la droga a través de remises y ocultas en la rueda de auxilio de los vehículos", añadió Maldonado. Entre los remiseros, acusó el fiscal, participaba Jorge Orlando Sánchez, alias “bebe”. "También utilizaban personas como mulas para el transporte de estupefacientes, como el caso de María Vanina Ghisleni", agregó.

El fiscal asimismo describió que, para la distribución de la droga en San Juan, la organización contaba con la intervención de Salinas, alias “Nolo”, quien lo hacía junto a su tía Claudia Laura Flores, la pareja de ésta, Carlos Alberto Figueroa, alias “Tota” o "Mochila", y Hugo Orlando Montivero, alias “La Pícara".

La banda fue descubierta durante dos procedimentos. Uno de ellos fue un operativo de la Gendarmería Nacional realizado el 21 de septiembre de 2012 durante un control vehicular y migratorio en Ruta Nacional N° 40, kilómetro 3410, sobre un colectivo de la empresa Cata Internacional, procedente de la ciudad de Mendoza y con destino a San Juan capital, en el que fueron hallados dos envoltorios de nylon que contenían cada uno un paquete compactado de cocaína con un peso de 2,008 kilogramos entre las pertenencias de la condena Ghisleni.

Cinco días antes, el 16 de noviembre a las 2.00 de la mañana había sido interceptado en el control Fitosanitario de San Carlos ubicado en la Ruta Nacional 40, a metros del límite con la provincia de Mendoza, un Renault Logan conducido por Jorge Orlando Sánchez, a quien acompañaban Jonathan Emanuel Cruz, Jorge Alberto Montenegro y Jesica Gisella Soledad Abrego. De la requisa del vehículo en el interior de la rueda de auxilio se encontraron quince paquetes compactos de cocaína con un peso de 8,101 kilogramos.