Con la intervención la fiscal María Cristina Beute, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante el TOF de Neuquén, comenzó el pasado 2 de mayo el juicio oral y público contra Juan Manuel Rosas, Oscar Andrés Monsalve, Alfredo Florencio Merillan y Alejandro Enrique Alemanni, por el secuestro del hijo de un empresario pampeano, ocurrido en la ciudad rionegrina de Catriel, en la noche del 11 de diciembre de 2008.

El caso

Aquel día, el joven A.G.Z. –cuya identidad se mantiene en reserva para evitar su revictimización- había concurrido a la casa de Alemanni a tomar unos tragos. Alrededor de las 23.30, dos hombres encapuchados y armados con pistolas 9.mm –uno de los cuales fuera luego identificado como Rosas- ingresaron al domicilio, previo golpear la puerta, que fue abierta por Alemanni. Allí redujeron al dueño de casa y a A.G.Z., a quienes golpearon y amenazaron.

Alemanni fue trasladado a una habitación contigua donde lo agredieron y dejaron atado –el curso de la investigación permitió determinar que las agresiones a Alemanni fueron parte del ardid para que la víctima no sospechara que éste había actuado como “entregador”-, mientras que a A.G.Z. le taparon la cabeza y lo subieron a un vehículo, para trasladarlo a una vivienda en la ciudad de Neuquén, donde pasaría un día cautivo.

En la madrugada del día 12 de diciembre, el padre de la víctima, un importante empresario de la localidad pampeana de 25 de Mayo, comenzó a recibir llamados donde se le exigía el pago de U$S 500.000 por la liberación de A.G.Z. y se le advertía que en caso de dar aviso a la policía o no entregar el rescate, matarían al joven, que por entonces tenía 31 años.

Tras recibir directivas de concurrir a distintos puntos de la ciudad de Neuquén, finalmente el padre de la víctima pagó el rescate de un millón de pesos y 150.000 dólares, en la medianoche del 13 de diciembre, en la rotonda de las Avenidas Pérez Novella y Nihuel en el barrio neuquino de Melipal, a pesar de que su hijo había sido liberado casi una hora antes en el barrio Zabaleta de la ciudad de Plottier.

Inicialmente, la investigación estuvo en manos de la Fiscalía Federal de General Roca, pero luego recayó en la Fiscalía Federal de Neuquén y contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)- a cargo de Marcelo Colombo. En sendos requerimientos, los fiscales federales José María Darquier y María Cristina Beute solicitaron que Rosas, Monsalve y Merillan fueran sometidos a juicio oral y público como coautores del delito de sustracción, retención y ocultamiento de una persona para obtener un rescate, agravado por haber mediado violencia e intimidación contra la victima mediante el empleo de armas de fuego, y haber logrado el pago del rescate y haber participado en el hecho tres o más personas. Por su parte, Alemanni deberá responder como partícipe necesario.

En sus requerimientos, los fiscales consideraron que Rosas privó de su libertad a A.G.Z., lo trasladó a Neuquén para su cautiverio, ejecutó las comunicaciones para el pedido del rescate y percibió el dinero en tal concepto. A Monsalve se le imputa haber mantenido cautiva a la víctima en su domicilio particular, haber aportado los equipos de telefonía celular desde donde se efectuaron los llamados extorsivos y haber percibido el dinero del rescate junto a sus cómplices.

En relación a Merillán, la fiscalía consideró que era quien conducía el rodado que trasladó a A.G.Z. a su cautiverio y le imputó además haber percibido dinero del rescate, mientras que a Alemanni se le atribuye haber prestado una indispensable colaboración para que los perpetradores pudieran privar de su libertad a la víctima, habiendo coordinado previamente con ellos la captura.

Asimismo, tuvieron por probado que con el dinero percibido en concepto de rescate, procedieron a adquirir costosos bienes. Por ejemplo Rosas compró una camioneta Toyota Hilux, y dos motocicletas Yamaha R6, una televisión de plasma, una webcam, inició una construcción en un terreno de la ciudad de Plottier, y en su poder se secuestraron $138.531 pesos, U$S 753.461, 29.100 pesos chilenos y 10 reales. Por su parte, Monsalve también compró una camioneta Toyota, realizó diversas mejoras en su casa de la ciudad Neuquén, donde estuviera cautivo A.G.Z., y adquirió distintos bienes muebles nuevos o con poco uso, que fueron secuestrados en el allanamiento realizado en su domicilio.

Las audiencias

El debate oral y público contra los cuatro imputados comenzó el pasado 2 de mayo, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, integrado por los jueces subrogantes Richard Gallego, Mariano Lozano y Alejandro Silva, donde se plantearon las cuestiones preliminares del debate. Esta conformación del Tribunal se debe a que los jueces originarios se excusaron de entender en el proceso en virtud de haber rechazado, en abril de 2014, un acuerdo presentado por las partes para la realización de un juicio abreviado.

En la próxima audiencia, del 12 de mayo, la víctima y sus familiares declararán ante el Tribunal, mientras que está previsto que en las jornadas del 13, 26 y 27 de mayo y las del 2 y 3 de junio se escuchen a los distintos testigos.