La fiscal Gabriela Baigún, a cargo de la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, presentó un nuevo recurso de casación, en el que solicitó que se lleve a cabo el juicio oral y público por el pago de sobreprecios por el Estado nacional de 120 millones de pesos a la multinacional IBM, por la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI en 1994.

La celebración del debate ya había sido ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal Nº3 declaró la prescripción de la acción penal, ante una nueva presentación de las defensas.

En la causa hay 11 imputados: Ricardo Cossio, Daniel Carlos Hurrel, Ricardo Orfidio Martorana, Gustavo Adolfo Soriani, Eduardo Vicente D´alessandro, Carlos Gustavo Krieger, Antonio Altieri, Felix De Barrio, Eduardo Novillo Astrada, Juan Carlos Cattaneo y María Eugenia Dallorso y están acusados de defraudación contra la administración pública.

La representante del MPF señaló que la acción penal en las presentes actuaciones prescribiría recién el día 13 de febrero de 2020, de acuerdo a la interpretación ya sentada por el tribunal superior. “La realización del juicio es la única vía de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el orden internacional, tanto a nivel global como regional (…) No importa la voluminosidad del expediente, ni la cantidad de testigos o de imputados. Lo relevante es ventilar en un debate oral y público los hechos que constituyen el objeto procesal de la presente causa”, dijo la fiscal Baigún. En ese sentido, la fiscal general explicó que la realización del debate constituye la única forma de cumplir con lo dispuesto por la Sala IV de la CFCP, que en varias oportunidades ordenó la “pronta fijación de la audiencia de juicio”.

La investigación judicial comenzó en mayo de 1996.

Durante 1994, la Dirección General Impositiva (DGI), que estaba a cargo de Ricardo Cossio, contrató a la empresa IBM para montar dos sistemas informáticos: el tributario y el de jubilaciones y pensiones. El contrato fue por más de 500 millones de dólares y el Estado pagó por él un sobreprecio de 120 millones de pesos, según un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esa contratación junto a la empresa IBM, se presentó Banelco quien no fue seleccionado. En el contrato, se dispuso que el monto sería abonado a IBM en cuatro años y que la DGI pagaría por cada aporte de los contribuyentes $0,83 pesos, lo que significaba alrededor de 7 millones de pesos por mes.

La investigación judicial comenzó en mayo de 1996, a partir de una denuncia de los entonces diputados Carlos Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo. Desde ese momento, la causa tuvo tres jueces y estuvo varias veces al borde de la prescripción. Finalmente, 11 años después, en octubre de 2007, Daniel Rafecas la elevó a juicio oral y público. Allí, el juez federalseñaló que el delito se habría concretado a través un convenio para la informatización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y el Sistema Tributario (SITRIB). Además, indicó que los imputados Martorana y Soriani habían contratado a la firma CONSAD, la misma empresa cuyos directivos fueron a juicio en la causa conocida como IBM-Banco Nación, donde también se investigó un fraude millonario en perjuicio de la administración pública.