El secretario General de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Sobrero, declaró esta semana en el juicio oral por la Tragedia de Once. Durante tres horas, relató sus funciones dentro del gremio, el estado general de los trenes, la modalidad de los servicios e hizo especial hincapié en la falta de respuesta por parte de la empresa TBA y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) a los reclamos. Sobrero explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº6 que durante la gestión de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, realizar denuncias ante organismos de control “era una pérdida de tiempo. La CNRT no controlaba nada”.

Sobre el estado general de los trenes, el gremialista explicó que el problema de viajar con puertas abiertas era histórico en el Sarmiento. También, resaltó que había problemas con la tracción, la pérdida de aire en las distintas cañerías y el frenado y agregó que “el sistema de señales es fundamental y es de 1825, nadie hizo nada.”

Sobrero explicó que había muchos trenes que no estaban en condiciones de circular por el estado en el que se encontraban “después del choque en Once descubrimos que en el taller de Liniers había paragolpes tirados como chatarras, todavía con su envoltorio original”.

En relación a los reclamos, el gremialista manifestó que cada vez que se hacía una manifestación contra TBA por problemas con las obras en vías, la empresa respondía que esa tarea era responsabilidad del Estado y que cuando se planteaba la falta de repuestos, la ex concesionaria acusaba que el Estado no pagaba. Además, afirmó que “a la Secretaría de Transporte nunca le importó el ferrocarril”.

Fue en este mismo punto donde también se explayó el guarda Edgardo Reynoso, otro de los testigos que declaró este lunes en los Tribunales de Comodoro Py. El integrante de la Comisión de Reclamos del Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria explicó que fueron varias las presentaciones que se hicieron a TBA, a la CNRT, a la Secretaría de Transporte, a la Comisión Bicameral de seguimiento de las empresas privatizadas y a la Cámara de Diputados, sobre el mal estado de las formaciones. Reynoso explicó que en todo lo relativo al material rodante “reinaba la desidia”.

Luego, fue el turno del jefe del Departamento de Control de Transporte, Damian Staffa, y el contador de la misma dependencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) Cesar Begnozzi ahondaron en cuestiones contractuales, elaboración de informes, responsabilidades, entre otros temas.

Staffa explicó que los planes de mantenimiento de los ferrocarriles eran insuficientes, por eso la AGN efectuó sanciones. El testigo explicó que el decreto 1770/2008 institucionaliza la posibilidad de aplicar sanciones. La resolución establece que los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y carga deben presentar antes del 30 de noviembre de cada año el plan de mantenimiento anual del año siguiente, “se generó un marco donde existía un nivel de sanción más claro. La posibilidad de aplicar sanciones pasó a ser más tangible. Queda más claro el proceso de sanción”.

El juicio, en el que interviene el fiscal federal Fernando Arrigo, lleva más de 50 audiencias desarrolladas. Todavía resta que declare personal de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, entre otros.

Para la semana que viene está previsto que se presente el titular de la AGN, Leandro Despouy, y continuará la declaración de Reynoso y otros auditores de la AGN.