El fiscal federal Ramiro González solicitó investigar a dirigentes de la Conmebol y a Alejandro Burzaco por “Panamá Papers”. El representante del MPF a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº7 explicó en su presentación que el pedido de ampliación de instrucción se da a partir de la filtración de documentos que surgieron de la investigación periodística efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y del diario alemán “Suddeutsche Zeitung”. Según la información, el entonces secretario general de  la Conmebol, Eduardo Carlos Deluca, como así también el presidente de la entidad, Nicolas Leoz, habrían recibido 97 millones de dólares por los derechos de transmisión televisiva de la “Copa Libertadores de América entre los años 2008 y 2018 por parte de la empresa T&T (cuyo responsable era Alejandro Burzaco), la cual sería administrada por el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca".

Según se desprende del escrito del fiscal federal, el acuerdo consistió en “entregar los derechos de la transmisión de 15 temporadas de la Copa Libertadores de América a la empresa T&T (que se originó como fusión de la empresa argentina Torneos y Competencias que poseía el 25% de la empresa mencionada y de la empresa brasileña Traffic Sports Marketing LTD, y cuya sede se situaría en las Islas Caimán y en Holanda”.

El representante del MPF entendió que existía una relación de “afinidad” entre la empresa T&T y la Conmebol, y que esta vinculación habría salido a la luz cuando  obtuvo la prioridad en cada renovación de contrato, “la empresa habría abonado una prima de 4 millones de dólares extras”.

Antes de enumerar las diversas medidas de prueba, el fiscal federal señaló que “la firma T&T  habría utilizado a las firmas Somerton y Valente (…) como intermediarias para el pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol a través de las entidades financieras norteamericanas National Delta Bank, Banco Do Brazil y Standart Chartered, ambas sedes situadas en la Ciudad de New York de los Estados Unidos de Amércia. Las dos últimas empresas mencionadas habrían sido constituidas en paraísos fiscales: Islas Turks and Caicos, y Panamá, respectivamente”.

La causa se había iniciado en octubre de 2014, cuando Ramiro González había formulado el requerimiento de instrucción contra Eduardo Carlos Deluca en el marco de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculado con la existencia de una cuenta bancaria en el Banco Credit Suisse a nombre de Andrés Castelli y Eduardo Deluca, cuyos fondos depositados podrían formar parte de alguna asociación ilícita.