El juicio oral lleva tres meses de duración, desde su inicio el 19 de septiembre de este año. Declararon más de 70 testigos, entre funcionarios de la Policía Federal, civiles y peritos.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal consideró acreditado el funcionamiento de una verdadera organización dedicada a la venta de estupefaciente en diferentes barrios de Paraná y también con llegada a la ciudad de Santa Fe. Para los fiscales, a mediados del 2016 la banda comenzó a tramar la llegada de estupefacientes vía aérea y para tal cometido, contaron con pistas clandestinas de aterrizaje y varios campos a su disposición.

Finalmente, dicho accionar se concretó el día 28 de mayo de 2017 cuando en el campo de los Hnos Ghibaudo ubicado en Colonia Avellaneda, Entre Ríos, aterrizó una avioneta Cesna proveniente del Paraguay y se detuvo a cuatro integrantes de la organización en pleno accionar delictivo (entre ellos, los dueños del campo). El cargamento de droga consistía en más de 400 paquetes de marihuana que habían sido descargados de la avioneta y subidos a una camioneta. El estupefaciente secuestrado ascendió a 320 kilos y la pericia determinó que se podían obtener más de 5 millones de dosis umbrales.

Daniel Celis fue detenido junto a 20 integrantes de la organización y continuó desde la unidad penal impartiendo directivas por teléfono en pos de la comercialización de drogas.

La investigación posterior reveló la existencia de un acuerdo espurio entre Sergio Varisco y Daniel "Tavi" Celis que le permitió a este último tomar el control del sector oeste de Paraná a través del nombramiento en el municipio de funcionarios que respondían a él (entre ellos Miguel Leguizamón). Dicho acuerdo excedía lo político y se vinculaba también con las operaciones vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes.

En una segunda investigación, a criterio de los representantes del Ministerio Público Fiscal se comprobó la celebración de un acuerdo entre “Tavi” Celis y Varisco y otros funcionarios municipales, mediante el cual éstos proveyeron los medios económicos para que aquél reinicie sus actividades de comercio de estupefacientes, ahora de cocaína.

Durante ese período se verificaron pagos en dinero efectivo que desde el Municipio de Paraná se le hicieron a Daniel Celis a través de su ex pareja Luciana Lemos. Las entregas de dinero fueron materializadas por la funcionaria municipal Griselda Bordeira y el Concejal Pablo Hernandez. Con ese dinero, la organización lo destinaba a la adquisición de cocaína para su posterior comercialización.

Se verificaron pagos en dinero efectivo que desde el Municipio de Paraná se le hicieron a Daniel Célis a través de su ex pareja Luciana Lemos.

Siendo ello así, la Policía Federal -alertada de la llegada de una partida de cocaína desde Buenos Aires a Paraná- solicitó el allanamiento al inmueble de Celis (donde habitaba su ex pareja Luciana Lemos) y el 2 de mayo de 2018 se procedió al secuestro de 3 kilos de cocaína de máxima pureza, dinero en cantidad significativa, anotaciones que reflejaban las operaciones de venta de estupefacientes, una balanza y una máquina para contar dinero. Se detuvo en el lugar al proveedor Wilber Figueroa Lagos y a los intervinientes en el negocio ilícito Juan Manuel Gómez y Jonatan Heintz, como también al otro hermano de Daniel Celis, Eduardo “Cholo” Celis.

En las anotaciones del cuaderno de Luciana Lemos se encontraban los apellidos de Varisco, Bordeira y Hernández, cifras y cantidades. El juez federal Leandro Ríos les imputó a los funcionarios municipales la comisión del delito previsto en el artículo 7 de la ley 23.373 y los convocó a prestar declaración indagatoria.

Luego, la imputada Luciana Lemos había declarado en sentido incriminador hacia el accionar ilícito de los funcionarios municipales y se habían agregado escuchas telefónicas que daban cuenta de ello.

Varisco fue procesado por el juez Ríos al valorar la existencia de ese cuaderno con anotaciones en el que figuraban su nombre y el de funcionarios de su confianza, entre los que se encontraban el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, al lado de montos de importes de dinero que cada uno de ellos adeudaba por la compra de cocaína al por mayor.

El alegato del MPF

Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó 10 años de prisión para el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. El ex jefe comunal fue señalado como coautor del delito de financiación de actividades de comercio de estupefacientes junto a otros funcionarios municipales, relacionados con la banda liderada por el puntero político Daniel “Tavi” Celis”, para quien se pidió una pena de 15 años. En el juicio ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná intervienen los fiscales José Ignacio Candioti, Carlos García Escalada y Leandro Ardoy.

En un alegato de más de once horas repartidas en dos sesiones, los representantes del MPF entendieron que se cuenta con prueba suficiente para acusar a treinta imputados por diversos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Ello en relación a los hechos ventilados en las dos causas antedichas, cuya acumulación fuera dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.

En su extenso alegato, los representantes del MPF entendieron que se cuenta con prueba suficiente para acusar a 30 imputados por diversos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La fiscalía también requirió nueve años para Hernández y Bordeira. Daniel Celis fue señalado como coautor del delito de organización y financiación de actividades comercio de estupefacientes en dos hechos en concurso real con una pena de quince años, mientras que el pedido para su hermano Miguel Ángel fue de doce años, y de siete años para el ex agente de tránsito Alan Viola, en calidad de partícipe secundario.

Además, se solicitaron penas de entre cuatro años y seis meses a ocho años para Cristian Javier Silva, Miguel Carmelo Leguizamón, Carlos Gastón de la Fuente, Sergio Marcelo Baldi, Omar Horacio Ghibaudo, José Raúl Ghibaudo, Wilber Figueroa Lagos, Julio César Vartorelli, Eduardo Humberto Celis, Juan Manuel Gómez, Jonathan Jesús Heintz, Miguela Fidelina Valdé, Jonatan Iván Romero, Marcos Javier Velázquez, Miqueas Julio Córdoba, María Laura Zurita, María Fernanda Orundes Ayala, Hernán Rivero, Luis Orlando Céparo, José María Caballero y Luciana Ernestina Lemos, todos ellos señalados como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la intervención organizada de tres o más personas. Por último, para Yamila Corradini, Patricio Larrosa y Nahuel Celis, el pedido fue de cinco años en calidad de partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la intervención organizada de tres o más personas.

Con relación a las penas, la Fiscalía General señaló como valiosos y provechosos para las investigaciones los aportes efectuados en las declaraciones indagatorias en la instrucción de Céparo, Caballero y Lemos.

Para justificar los montos, el MPF tuvo especialmente en cuenta la magnitud del daño causado a la población a través del accionar de la organización, que se dedicó a comercializar estupefacientes durante largo tiempo. También se reparó en el “rol” institucional que detentaban varios de los imputados, quienes desempeñaban funciones directivas en la municipalidad de Paraná.

Asimismo, se solicitó el decomiso de una avioneta, cuatro camionetas 4 x 4, seis automotores y un motovehículo, como así también la suma de $ 183.275 y U$S 3.800 y la aplicación de multas por un millón de pesos. El martes 17 iniciaron los alegatos de las defensas, que se extenderán a las jornadas del jueves, viernes y lunes próximos.