La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Adriana García Netto solicitó en un dictamen rechazar el recurso elevado ante ese tribunal por parte de los abogados del Grupo Clarín. Allí, solicitaban reabrir un causa iniciada contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por intimidación pública.

García Netto consideró en su escrito que los hechos "se encontrarían amparados por el derecho constitucional de la libertad de expresión, sin que se advierta peligro, ni estimulo o incitación alguna a la violencia".

La causa había sido archivada por la Cámara Federal en septiembre de 2013 y en base a esta medida los querellantes elevaron un recurso donde solicitan la reapertura por entender que la resolución "no se encuentra debidamente motivada por cuanto en ella se han analizado de modo incorrecto los sucesos y el encuadre jurídico".

En el escrito, García Netto considera, al igual que el fiscal de Instrucción, que los supuestos nuevos hechos denunciados "no conmueven el cuadro fáctico y argumental desarrollados con anterioridad, en cuanto solo estriban en un intento de replantear una cuestión ya resuelta".

También especificó que la Cámara Federal añadió fundamentos suficientes y adecuados para sostener la imposibilidad de encuadrar los hechos en "la norma penal". Y agregó que "el propio relato de la denuncia revela con nitidez la ausencia de un comportamiento humano que tenga entidad suficiente como para encuadrarlo dentro de algún tipo penal".

El 20 de marzo se llevará a cabo ante la Sala IV de Casación, compuesta por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, una audiencia donde estarán presentes la fiscalía, la defensa de Moreno y los abogados de Clarín.

La causa

La denuncia fue realizada por el Grupo Clarín en 2012 luego de la aparición de globos y llaveros que llevaban la inscripción "Clarín Miente" y que eran utilizados por el ex secretario de Comercio en actos. En base a ello, la empresa periodística acusó a Moreno de delito de intimidación pública, según el artículo 212 del Código Penal.

La causa cayó en el juzgado de Bonadío y el fiscal interviniente era Federico Delgado, quién desestimó la denuncia por inexistencia de delito. El juez la archivó y contra esa decisión, los abogados del denunciantes apelaron la medida y agregaron nueva información.

El fiscal dictaminó nuevamente a favor de cerrar la causa, algo que Bonadío finalmente hizo. Clarín volvió a apelar la decisión y la causa cayó en la Sala II, donde los jueces Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero confirmaron la decisión del juez de primera instancia y retomaron en su escrito los argumentos de Delgado.