El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°35, Ignacio Mahiques, solicitó la elevación a juicio de una parte de la investigación seguida contra Fabián Alberto Bento, Nicolás Andrés Russo, Adriana Carmen Barrios, Diego Eduardo Filardi y Juan Ramón Uriarte, en orden a los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y defraudación.

Según indicó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio, los imputados “formaron parte de una organización criminal que, durante al menos un año y cinco meses, se dedicó indiscriminadamente a perpetrar defraudaciones con provecho económico mediante el ofrecimiento de falsos planes de viviendas que presuntamente eran promovidos por un organismo público”.

Puntualmente, entre noviembre de 2013 y abril de 2015, Bento, Uriarte, Russo, Barrios y Filardi, defraudaron a un grupo de personas –en su mayoría empleados de Metrovías S.A,- que, bajo la falsa creencia de ingresar a un plan de adjudicación de viviendas vinculado a cuatro complejos habitacionales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), les entregaron entre $20.000 y $190.000. A cambio recibían carpetas con documentación del IVC que contenían actas de recepción provisoria de los inmuebles, boletos de preadjudicación, actas de adjudicación y constancias de certificaciones ante escribano público, todas las cuales tenían firmas apócrifas de funcionarios de dicha repartición pública –como Emilio Basavilbaso e Iván Kerr-, de la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires –el escribano Mauricio Devoto aparecía certificando la documentación-, de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –se señalaba a Homero Bibiloni, pero para cuando se produjeron las estafas ya no ostentaba su cargo) y de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Así, Filardi y Russo difundían y promovían la existencia de los falsos planes de adjudicación, recibían los pagos de las víctimas y les entregaban las carpetas con la documentación espuria. Por su parte, Uriarte y Barrios se presentaban como gestores del IVC, y también recibían dinero y entregaban las carpetas. Los acusados respondían a Bento, a quien identificaban como una persona allegada al partido gobernante de la Ciudad de Buenos Aires, quien sería el nexo con el Instituto de la Vivienda y era quien recibía –en última instancia- el dinero y facilitaba la documentación falsa.

En su presentación, el fiscal Mahiques requirió que los imputados sean sometidos a juicio oral y público tras probar el perjuicio a un grupo de once damnificados, aunque se continúa con la investigación de otros, lo que suma más de un centenar de casos. Asimismo, se busca determinar la responsabilidad de otras personas que pudieren haber estado involucrados en la maniobra.

Respecto a Bento, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía responder como coautor del delito de estafa en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos públicos –en relación a once hechos que concurren materialmente entre sí- en concurso real con el delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador. En relación a Filardi, Uriarte, Barrios y Russo, el fiscal Mahiques pidió que se los enjuicie como coautores de estafa en concurso ideal con falsificación de documentos públicos, en concurso real con asociación ilícita –en calidad de miembros, adjudicándole cuatro hechos al primero y siete a los tres restantes.

Cabe recordar que Bento fue detenido en el contexto de un allanamiento, dispuesto en mayo del año pasado, en una casa en la localidad bonaerense de Las Toninas, lugar en el que se había escondido luego de que los damnificados comenzaran a sospechar respecto de la veracidad de los planes adquiridos.