La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Gabriel González Da Silva, pidió a la Justicia Federal de la Capital Federal que investigue una serie de maniobras efectuadas en todo el país en perjuicio de jubilados y pensionados, beneficiarios del Programa de Reparación Histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

La investigación preliminar desarrollada por la UFISES se inició el 18 de septiembre, a raíz de una presentación de la ANSeS que daba cuenta de una gran cantidad de maniobras delictivas, que consistían en llamados telefónicos a jubilados, pensionados o sus familiares o apoderados.

En las comunicaciones, los sospechosos se hacían pasar por empleados del organismo para gestionar el beneficio del Programa de Reparación Histórica, para lo cual contaban con información personal de difícil acceso de los damnificados. Cuando la víctima accedía a realizar a realizar el trámite, el supuesto agente de la ANSeS le solicitaba efectuar una transferencia a una cuenta bancaria que le proveía, con la excusa de que así podría cobrar el saldo a su favor.

Así, muchas de las víctimas efectuaron el pago con el dinero que tenían en sus cuentas o mediante la solicitud de préstamos bancarios y, en algunos casos, fueron desapoderadas de sus ahorros. En principio, se denunciaron 106 casos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 24 fueron judicializados ante la justicia local de cada jurisdicción.

Ante la posibilidad de que los acusados cuenten con “colaboración interna”, la UFISES le solicitó a la ANSeS que informe quiénes fueron los usuarios que compulsaron sus bases informáticas en relación a los damnificados.

La investigación de UFISES

En base a la detección de patrones comunes en los distintos casos -nombres de los supuestos empleados, teléfonos, cuentas de destino, etc.- la UFISES solicitó a las compañías de telefonía las titularidades de la líneas -celulares y fijas-, fechas de activación y otros datos de interés para la investigación. Asimismo, tras identificar los distintos CBU utilizados por los delincuentes, se requirió a los distintos bancos involucrados que brinden toda la información relativa a las transferencias efectuadas, titularidad de las cuentas y otros datos de utilidad.

Por otra parte, ante la posibilidad de que los acusados cuenten con “colaboración interna”, la UFISES le solicitó a la ANSeS que informe quiénes fueron los usuarios, agentes del organismo, que han compulsado sus bases informáticas en relación a los damnificados.

En virtud de la información recabada, el fiscal general Gabriel González Da Silva consideró que si bien las presentaciones efectuadas por la ANSeS, ocurrieron en distintas provincias del país, las bases de datos informáticas y las áreas correspondientes a la atribución de los beneficios solicitados tienen sede central en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que corresponde que intervenga la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Por ello, remitió la investigación preliminar desarrollada a la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, para que se determine el juzgado del fuero de excepción que intervendrá en el caso.