El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó el procesamiento de los responsables económicos y el tesorero de la Alianza Compromiso Federal en la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de defraudación a la administración pública en la falsa compra de cuatro millones de boletas para las elecciones legislativas celebradas en 2011.

La acusación sobre Carlos Tórtora, Juan Ruiz y Juan Alberto Gabes consiste en “haber desplegado una maniobra de fraude (…) con relación a la administración del dinero otorgado por el Estado Nacional a la Alianza Compromiso Federal como consecuencia de lo dispuesto en la ley de financiamiento de partidos políticos”. El ardid se habría concretado en la presentación del informe final de campaña junto con la factura apócrifa por 250 mil pesos N°0001 00000213 -a nombre de la empresa Encuadernación Bending S.R.L.- ante el juzgado federal con competencia electoral, según lo previsto por la mencionada norma.

Gómez Barbella señaló que en la causa se corroboró que los imputados “presentaron una factura apócrifa al momento de rendir los gastos correspondientes a los fondos estatales recibidos para el financiamiento de los gastos de campaña de la Alianza Compromiso Federal. En este orden, los imputados ejercen, respectivamente, los cargos de Tesorero [Gabes] y Responsables Económicos del partido en cuestión [Tórtora y Ruiz], y asimismo, rubricaron el Informe Final de Gastos de Campaña presentados por ante la Secretaría Electoral”. La compra de las boletas nunca fue realizada, de acuerdo a los peritajes contables y al testimonio del síndico de la empresa. Por el contrario, a la fecha de emisión de la factura -16 de octubre de 2011-, Encuadernación Bending S.R.L. se encontraba en quiebra y no realizó las impresiones.

El fiscal recordó que “a partir del contralor que efectuara el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, se realizaron numerosas observaciones en relación a la rendición de cuentas de la alianza citada, las cuales incluso merecieron que la magistrada a cargo del Juzgado Electoral, tras otorgar el plazo correspondiente para que se subsanaran las mismas, dispusiera una serie de sanciones previstas en el Código Electoral”. Y precisó: “En el caso de la factura aquí cuestionada,  se consideró que se trataba de una conducta de una entidad tal, que iba más allá de una falta en los términos del código electoral, y por ende susceptible de ser investigada en este fuero penal federal”.

En otro tramo de la solicitud presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, rechazó la defensa desplegada por los acusados. Sobre el tesorero Gabes, indicó que más allá de las razones de salud invocadas para ejercer esa función, en su declaración indagatoria reconoció haber aceptado el cargo y la firma del informe final de la campaña, “lo cual lo hace responsable de las constancias allí aportadas”. Respecto a los planteos formulados por Tórtora y Ruiz -excepción de falta de legitimación activa en el acusador particular, falta de acción manifiesta por inexistencia de delito y de nulidad-, explicó que deben resolverse por separado “sin perjuicio de continuarse la instrucción” tal como lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación. En el acto de indagatoria, ambos refirieron que harían uso de su derecho de negarse a declarar hasta tanto sean resueltos los planteos. La fiscalía, por su parte, articuló en el incidente de nulidad el rechazo a todos los planteos formulados por los abogados defensores. Ambas piezas -pedido de procesamiento y dictamen en el incidente de nulidad- fueron presentadas el mismo día ante el Juzgado Federal N°12.

La Alianza Compromiso Federal postuló en las elecciones de 2011 al ex gobernador de la Provincia de San Luis Alberto Rodríguez Saá como candidato a presidente.