El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, Carlos Hernán García, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que se investiga una serie de llamados telefónicos en los que se amenazó con colocar “una bomba” para matar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El expediente tiene como imputado a Carlos Darío Lares, de 30 años, a quien se le secuestró en su domicilio de la localidad de Moreno una granada marca FK2.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el acusado deberá responder penalmente por el delito de intimidación pública, en concurso ideal con el de tenencia de material explosivo sin la debida autorización legal. El imputado permanece detenido por disposición del Juzgado Federal N°2 de Morón; la defensa apeló y el incidente de excarcelación se encuentra actualmente en la Cámara Federal de San Martín.

Al analizar los casi veinte elementos de prueba incorporados a la causa, el fiscal federal consideró acreditado que el 30 de agosto del año pasado Lares efectuó las comunicaciones intimidantes al 911 desde el teléfono celular de su sobrina menor de edad, “bajo la creencia de no ser identificado”. “Es decir, amenazó con la comisión de un delito que  atañe a la sociedad, no sólo por la calidad de funcionaria pública que reviste Vidal, sino porque la circunstancia de haber hecho deflagrar la granada habría afectado a otros integrantes de la comunidad y, claro está, al grupo familiar de la gobernadora”, resaltó García. Y precisó que “en una de las llamadas el imputado dijo que la iba a colocar en su casa”.

“Con todo ello, Lares logró infundir temor público y producir conmoción social, ya que sus amenazas fueron idóneas para transcender públicamente, además de tomar estado en los medios de comunicación masivos, obligando a reforzar el servicio de custodia”, continuó el fiscal federal.

García reseñó en el escrito presentado ante el Juzgado Federal, a cargo de Jorge Rodríguez, que durante la investigación se ordenó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón el allanamiento de la vivienda. Allí se secuestró el celular utilizado en lo llamados intimidatorios y en un galpón se incautó la granada de mano de industria nacional. Por ese motivo se convocó a personal de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad, que realizó la detonación del explosivo en un espacio público y despejado, en presencia de un testigo.