20 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4
Pidieron enjuiciar a dos policías por dejar escapar a un hombre que robó una cartera
Se trata de un sargento primero de la Policía Federal y un cabo primero de la Policía Metropolitana. Fueron imputados en orden al delito de encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión.

La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Cristina Caamaño Iglesia Paiz, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Luis Armando Inostrosa y Marco Antonio Zabala –cabo primero de la Policía Metropolitana y sargento primero de la Policía Federal, respectivamente- por no detener a un ladrón que le robó la cartera a una mujer en la Plaza Miserere, el 6 de enero de 2011.

La causa es una derivación de otro expediente en el que se investiga una portación de arma de guerra. En el marco de las transcripciones de las conversaciones entre un agente policial y el Comando Radioeléctrico, se evidenció la posible comisión de los delitos de encubrimiento y favorecimiento de evasión por parte de personal de la Comisaría 7ª y de la Policía Metropolitana. De dichos informes surge que Inostrosa le dice a la operadora que tenía un inconveniente con Zabala, en el marco de un procedimiento y que aquel habría dejado ir, en otra oportunidad, al hombre que tenía detenido.

El apresado era Víctor Villegas Quesada quien, a fines de 2010 le había robado su billetera a Juana Benicia Ayusa, en la boca de la estación del subte de la línea A, en Plaza Miserere. Sin embargo, en la tarde del 6 de enero de 2011, cuando la mujer caminaba junto a su hija por la referida Plaza, nuevamente fue abordada por Villegas Quesada, quien le arrebató la cartera. Cómo lo reconoció, comenzó a buscarlo dentro de la Plaza, hasta que lo encontró sentado en un cantero, por lo que dio aviso a un grupo de oficiales de la Policía Metropolitana que custodiaban la plaza.

El cabo primero Inostrosa detuvo a Villegas Quesada y llamó al 911 para que le enviaran un móvil para identificarlo, pues el hombre no tenía documentos. En eso llegó el sargento primero Zabala, quien recorría junto a un compañero la jurisdicción en una bicicleta de la Comisaría 7ª. Los efectivos policiales comenzaron a discutir por quien debía detener al hombre, hasta que finalmente ambos se fueron sin apresarlo.

En su requerimiento, la fiscal Caamaño señaló que “ha quedado probado que en autos, que el día 6 de enero de 2011, Juana Ayusa fue víctima de la sustracción de su cartera en el interior de la Plaza Miserere, que el presunto autor de tal ilícito habría sido Villegas Quesada –quien se encuentra con pedido de paradero vigente-, a quien inicialmente detuvo el agente Luis Armando Inostrosa, de la Policía Metropolitana, quien luego dio aviso a la Policía Federal arribando, entre otros, el Agente Marco Antonio Zabala, quien discutió con él y finalmente, ninguno de los dos procedió como dispone el ordenamiento legal, esto es, formando el respectivo sumario por averiguación de robo, con la debida detención de quien era señalado por la víctima como el autor del hecho, dando intervención inmediata al Juzgado de Instrucción en turno”.

Agregó que “sin perjuicio de no haberse acreditado fehacientemente que Villegas Quesada se haya comunicado telefónicamente con el Agente Zabala solicitando su protección, cierto es que Inostrosa no cumplió tampoco con su deber de agente de una fuerza de seguridad, al no detener a una persona que era sindicada por otra de ser autora de un delito de acción pública, en un comprobado intento (mediante la transcripción de las comunicaciones que mantuvo con el operador del CR 911) de no perjudicar a Zabala en ese momento, quien ya había permitido con anterioridad que el imputado se sustraiga del accionar de la justicia”.

Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que tanto Inostrosa como Zabala debían ser enjuiciados como coautores de los delitos de encubrimiento agravado por su calidad de funcionarios públicos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión. Para Caamaño “ambos funcionarios omitieron ejercer actos propios de su función frente a la vista de una víctima que, en dos ocasiones, presenció cómo quien la había desapoderado de sus pertenencias lograba, de manera inexplicable, continuar con su vida en vez de enfrentar las consecuencias de todo proceso penal”.