La Fiscalía General Nº 21 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional pidió que se condene a cinco hombres a penas que van de los cuatro a los once años de prisión por integrar una organización que se dedicaba a realizar estafas. La maniobra les habría generado un beneficio de más de 2.700.000 de pesos. La Fiscalía estuvo representada por Diego Luciani y el auxiliar fiscal Norberto Baldanza. Según se pudo establecer, los acusados llevaron a cabo unas 347 estafas. Interviene el juez Nicolás Toselli

“Alfa y Asociados” fue creada por Juan Martín Scordamaglia y Gonzalo Rearte a comienzos de 2006. Nombraron a una mujer como socia gerente (que resultó ser una “prestanombre”) y comenzaron a publicitarse como un estudio inmobiliario, jurídico y financiero que ofrecía gestionar créditos con amplias facilidades de pago, aunque en realidad jamás los gestionaron.

La operatoria consistía en requerir a la gente que firmara una serie de documentos y que entregaran un “adelanto” de dinero, que solía ser de diez mil pesos. El trabajo de Alfa era, supuestamente, realizar las gestiones a través de una entidad bancaria o crediticia. Sistemáticamente, pasado un tiempo desde la firma, se les exigía a los damnificados nuevos requisitos para que se aprobara su pedido hasta que finalmente se les informaba que había sido rechazado. En la mayoría de los casos, el dinero nunca fue reintegrado sino que se alegaba que se lo retenían en concepto de “gastos administrativos” u “honorarios”.

Tanto Scordamaglia como Rearte tenían experiencia en el rubro inmobiliario. Según recordó la Fiscalía, el primero fue condenado incluso por una estafa de similar operatoria a un año y cuatro meses de prisión. Entre junio y julio de 2006, ingresaron a Alfa Iván Malfatti, para cumplir un rol jurídico (se hacía pasar como abogado) y Gustavo Cañete, que cumplía una función similar a un cadete. Entre mayo y junio de 2007, se sumó a la sociedad el otro imputado en la causa, Guillermo Trigas Vilas, que realizaba la atención a los clientes.

La Fiscalía ejemplificó con varios casos cómo se llevaba adelante la maniobra: se publicaba en un medio gráfico (generalmente en la revista “Segunda Mano”, dirigida a personas que querían adquirir bienes a bajo costo) la oferta de créditos. A veces, se publicitaban propiedades concretas, siempre con precios y una financiación muy convenientes. El monto de la cuotas, que se extendían por varios años, hacía que la oferta fuera “tentadora” para la población a la que estaban dirigidas las publicaciones.

En el juicio, muchas de las víctimas manifestaron sus necesidades económicas, algunos tenían trabajos no registrados, otros provenían de zonas muy humildes. Entre los damnificados había amas de casa, soldadores, jubilados, desempleados; personas que difícilmente podían acceder al crédito bancario tradicional. Muchos de ellos, al recordar la situación que vivieron, se quebraron y lloraron durante el debate. “Acceder a la casa propia era el objetivo de su vida y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los acusados”, sostuvo la Fiscalía. También, destacó que la oficina elegida, en pleno centro porteño sobre la calle Uruguay, era para generarle a las víctimas “confianza y seguridad”.

Durante la investigación, llevada adelante por el fiscal Martín Mainardi, se recolectaron dentro de la oficina unas 260 carpetas con documentación. A las víctimas se les requería una copia del DNI, recibo de sueldo o de las tareas laborales que llevaron a cabo, si las hacían. Esa carpeta se completaba con los contratos de gestión y administración que les hacían y con el recibo del dinero recibido.

“Acceder a la casa propia era el objetivo de su vida y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los acusados”, sostuvo la Fiscalía.

“El engaño era idóneo para inducir a error a las víctimas para conseguir la entrega voluntaria del dinero”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal. Explicó que el trato con las víctimas era muy cordial al principio y luego se los ignoraba. Recordó que no hay prueba de que haya tenido éxito alguno de los créditos: nunca solicitaron ante entidades crediticias algún tipo de trámite ni hay informes de pagos de tributos o de operaciones realizadas. No había ninguna gestión, trámite o consulta que justifique los honorarios o gastos que decían tener.

Alfa también captaba vendedores de inmuebles y les ofrecían sus servicios. Así, podían publicar las viviendas y los futuros “compradores” podían visitarlas. Los precios de las viviendas que ofrecían rondaban los 90 mil pesos y en la mayoría de los casos no eran reales. No hay en la causa ningún testimonio de alguna persona que haya logrado vender su casa.

Calificó de “montaje” a la maniobra llevada adelante y reafirmó que Alfa fue creada con el fin de estafar a la gente. Acusó a Scordamaglia, Rearte, Malfatti y Cañete de 347 hechos mientras que a Trigas Vila le imputó 311 hechos. En total, el perjuicio habría alcanzado los 2.703.000 pesos.

Agregó que, en algunos casos, para extender los tiempos le pedían a las víctimas que se sometan a informes socioambientales. En uno de esos casos, el damnificado recibió a una persona en su casa y después lo vio limpiando en la oficina de Alfa. Finalmente, las maniobras fueron denunciadas a fines de 2008.

Responsabilidades

Para la Fiscalía, quedó demostrado que los imputados actuaron bajo un plan común y con una clara división de tareas, que estaba pactada desde el ingreso a la empresa. Scordamaglia era quién coordinaba cómo iba a funcionar la empresa. Rearte se ocupaba de parte de la atención al cliente hasta el ingreso de Trigas Vila. Los dos eran los administradores de la empresa. En su indagatoria, Rearte dijo que se llevaba “mitad y mitad” del dinero que ingresaba con Scordamaglia. Habló, incluso, de que se llevaban unos 20 mil dólares mensuales cada uno.

Para la Fiscalía, quedó demostrado que los imputados actuaron bajo un plan común y con una clara división de tareas, que estaba pactada desde el ingreso a la empresa.

El papel de Malfatti y Cañete era posterior a la consumación del hecho pero también era clave. Eran los que estaban dentro de la oficina y los que contenían a los clientes que iban a reclamar. “Sin su participación, el conflicto hubiera estallado antes”, consideró el Ministerio Público.

A la hora de pedir pena, la Fiscalía tuvo en cuenta el sufrimiento de las víctimas, la vulnerabilidad en la que se encontraban y los años que tardaron algunos de los damnificados en saldar las deudas que contrajeron para acceder a ese supuesto crédito. Para Scordamaglia pidió once años de prisión por el perjuicio ocasionado y el papel preponderante que tenía en la sociedad, donde hacía las veces de jefe. Consideró que era un agravante que, pese a haber sido condenado, continuara operando de la misma forma.

Para Rearte, solicitó 9 años de cárcel y consideró como atenuante su confesión en la causa y que se mostró arrepentido, aunque también valoró su rol en la organización. En cuanto a Malfatti, también tuvo en cuenta sus expresiones en la audiencia pero marcó que solía hostigar a la gente que iba a reclamar el dinero y requirió una condena de 7 años.

Tanto para Trigas Vila como para Cañete solicitó una pena de cuatro años de prisión. Con respecto al primero, marcó que tuvo intervención en menos hechos, se arrepintió de lo sucedido y confesó su participación. Con respecto a Cañete, tuvo en cuenta que no tiene antecedentes.

La defensa de Trigas Vila cuestionó en su alegato su responsabilidad y pidió una pena de prisión en suspenso. Por su parte, las defensas de Scordamaglia, Cañete y Malfatti requirieron la absolución de los tres. El próximo martes se realizarán las últimas palabras y se conocería el veredicto.