La Fiscalía Federal de Quilmes, a cargo de Silvia R. Cavallo, solicitó la elevación a juicio de Juan Pablo Medina y sus consortes de causa por los delitos de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, fundado en los elementos probatorios recolectados durante la investigación.

Más de diez testigos de identidad protegida y otros empresarios brindaron pormenorizados testimonios que incriminan a los integrantes de la banda. Ello, sumado a la extensa investigación patrimonial realizada sobre los imputados, permitió dilucidar la maniobra utilizada para lavar el dinero “sucio” producto de estas extorsiones, consideró la Fiscalía.

En la causa se investiga una asociación ilícita que habría funcionado dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional La Plata, integrada por su Secretario General Juan Pablo Medina, por su hijo Cristian Isidoro Jesús Medina y su yerno David Emiliano García -todos ellos, a su vez miembros de la Comisión Ejecutiva de la UOCRA y Congresales Nacionales-, entre otros familiares y personas de confianza, que le respondían directamente a Juan Pablo Medina: la hipótesis acusatoria es que, al menos menos desde el año 2006, se dedicó a extorsionar a empresarios del rubro de la construcción de La Plata, Ensenada y Berazategui, para exigirles contribuciones ilegales e indebidas bajo amenaza de paralizarles las obras.

De acuerdo a la Fiscalía, formaban parte de dicha asociación, también como miembros, la cónyuge de Medina María Fabiola García, su hijastra (Marianela Lujan Pagnoni), su hijastro (Agustín Facundo Pagnoni/Medina), la cónyuge de este último (Lara Micaela Muñoz), como así también otros altos directivos de la UOCRA, como Pablo Nicolás Neves y Rubén Darío Roldán, que asumían distintos roles dentro de la organización ya sea amenazando a los empresarios y/o bien recaudando el dinero ilícito que les exigían.

La modalidad relevada
Según el requerimiento de elevación a juicio, los empresarios de la construcción eran primeramente sometidos a diversas exigencias económicas que eran documentadas en el llamado “Acuerdo de Paz Social” que les era obligado a firmar en la misma sede de la UOCRA La Plata, sin ninguna posibilidad de negociación, y que superaban las clausulas macro contempladas por la UOCRA Nacional. Específicamente, para poder continuar con las obras se les exigía por un lado “aportes dinerarios” no contemplados en el acuerdo y fuera de toda lógica de la construcción, como aportes para “cuota camping”, “bonos de fin de año”, “día del niño”, “inicio escolar”, “navidad”, “premio de final de obra” o el pago de sueldos a empleados que no prestaban funciones, contratar mujeres y “permisos de retiro del personal” que trabaja en obras, para eventos políticos.

La hipótesis acusatoria es que, para poder continuar con las obras, se exigían “aportes dinerarios” no contemplados y fuera de toda lógica de la construcción.

Por otro lado, se les exigía a los empresarios/ constructores la contratación obligatoria de determinadas empresas de catering para la provisión de viandas a los obreros, empresas éstas que estaban integradas por personas cercanas a Juan Pablo Medina y/o familiares de éste último o su grupo familiar, como ser las firmas Rey del Cielo S.A. (integrada por Marianela Luján Pagnoni (hija de Fabiola García- hijastra de Juan Pablo Medina) y Lara Micaela Muñoz (cónyuge de Agustín Facundo Medina), Mejor que en Casa S.R.L, (cuyos integrantes formaban parte de la familia Medina/García, como ser Félix García y Beatriz Dolores Castello, padres de María Fabiola y David Emiliano García (también está integrada por Eliana Fabiola García y Marcela Esther García); pero principalmente también la obligación de contratar a la empresa “Abril Catering SA” cuyos directivos (Horacio Homs y Liliana B. Frontán) si bien no resultaban ser familiares de Medina/García, se encontraban estrechamente ligados con la UOCRA La Plata, para la presentación exclusiva de este tipo de servicios.

Así, gran parte de las construcciones que se realizaban en dicho ejido jurisdiccional debían contratar los servicios de Abril Catering a instancias y pedido de los delegados de Obra (para así tornar invisible la imposición de parte del Gremio/familia Medina), aun cuando el costo de las viandas era superior a los del mercado. Todas estas exigencias -ilegales- eran impuestas bajo amenaza de paralizar las obras. Incluso, esta empresa transfería como compensatorio del rubro insumos grande sumas de dinero a las restantes dos empresas de catering vinculadas al grupo familiar Medina/ García.

La investigación permitió el recupero de gran cantidad de dinero y más de cuarenta vehículos

Lavado de activos
La fiscal federal Cavallo consideró que el dinero “sucio” recaudado por los altos directivos de la UOCRA era luego “lavado” mediante la utilización de estas empresas de viandas, que de alguna u otra forma estaban vinculadas con la familia Medina/García. Como nota de color, destacó que Medina no utilizaba el sueldo percibido como directivo de la UOCRA, sino que aquél se acumulaba en una cuenta del Banco La Pampa, pues se valía del dinero ilícito para cubrir sus gastos cotidianos.

La investigación permitió el recupero de gran cantidad de dinero, más de cuarenta vehículos -hasta una Ferrari-, cuatriciclos, UTV´s, embarcaciones, un avión Beechcraft, modelo Barón 58, matrícula LC-CEY y un helicóptero Robinson modelo R 44 Raven II serie 13043 matrícula LV-CJL que actualmente están siendo utilizados por las fuerzas de seguridad.