04 de julio de 2022
04 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal federal Franco Picardi requirió elevar la causa a debate oral y público
Pidieron enviar a juicio a un ex director del PAMI por defraudación contra la administración pública
En la causa, se investiga el presunto desvío de fondos desde la obra social hacia el Estado Nacional a través de la adquisición de letras del Tesoro, con fondos que se hacían pasar como excedentes. Según la acusación, la maniobra atribuida a Luciano Di Cesare fue en perjuicio de la calidad de los servicios prestados por el organismo.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI) Luciano Di Cesare, por defraudación a la administración pública al desviar fondos  desde el organismo a su cargo para la inversión en letras del Tesoro Nacional.

Según se desprende del requerimiento suscrito por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 y que ahora deberá resolver el juez Claudio Bonadio, la maniobra habría tenido lugar entre los meses de diciembre de 2008 y 2012 por un monto cercano a los 15 mil millones de pesos y se originó “en ocasión en la que quien fuera Secretario de Finanzas de la Nación, Hernán Gaspar Lorenzino -actualmente con falta de mérito- invitara mediante oficio dirigido al entonces Director Ejecutivo del instituto, Di Cesare, a evaluar la posibilidad de suscribir ‘Letras de la Tesorería Nacional’, a noventa (90) días con los excedentes financieros que poseyera el organismo a su cargo”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la inversión financiera “ha resultado perjudicial para el cumplimiento de los fines prestacionales y asistenciales del organismo”. Al respecto, remarcó que pudo realizarse “durante el prolongado período de cinco años”, como consecuencia de las “sucesivas renovaciones y superposición de suscripciones”, las “deficiencias en el registro de contabilidad” del INSSJP-Pami, la “laxitud de los controles internos” y la “imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos”.

Sin excedentes

El desvío, de acuerdo a los más de 70 elementos probatorios recolectados en la instrucción de la causa, se produjo a partir de un “presunto excedente de recursos en las arcas del instituto prestacional”, construido “a partir de injustificadas demoras en los pagos a los proveedores, en la inversión y mantenimiento de las instalaciones, en la disminución de la calidad de los servicios prestados y en la tolerancia de las situaciones de déficit prestacional, económico y financiero”. De ello dan cuenta informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Si la propia ley del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (n° 19.032) sólo autoriza a colocar los fondos en letras cuando se trata de ‘excedentes’ (art. 11, modificación por ley 26.422), no se explica el porqué del empleo de elevados montos en la inversión investigada en las presentes, a la luz del déficit situacional del instituto que en modo alguno habría permitido considerar que quedaban excedentes”, se preguntó Picardi. Si bien las inversiones se registraron como a corto plazo (30, 60 y 90 días), “lo cierto es que a través de las sucesivas renovaciones, y superposiciones de nuevas letras, finalmente tenían un efecto de largo plazo”.

Las sumas de dinero identificadas que pasaron al Estado Nacional de esa forma son:

- 17/12/2008 al 23/12/2008: $ 880.000.000

- 23/12/2008 al 17/09/2009: $ 1.000.000.000

- 17/09/2009 al 26/10/2009: $ 1.630.000.000

- 26/10/2009 al 23/12/2009: $ 2.130.000.000

- 23/12/2009 al 23/04/2012: $ 2.830.000.000

- 23/04/2012 al 19/06/2012: $ 2.330.000.000

- 19/06/2012 al 10/09/2012: $ 1.630.000.000

- 10/09/2012 al 10/10/2012: $ 1.230.000.000

- 10/10/2012 al 10/11/2012: $ 820.000.000

- 10/11/2012 al 10/12/2012: $ 410.000.000

Concretamente, se le imputa a Di Cesare el hecho de que abusándose de la calidad funcional que detentaba en el ejercicio del cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en tanto tenía la administración de bienes destinados a satisfacer los objetivos establecidos por la ley (n° 19.032), vinculados estos con la atención de la salud y el bienestar de las personas afiliadas a la institución, desvió fondos de sus arcas, y les dio un destino diferente al de sus fines propios, circunstancia esta que ocasionó un perjuicio en las prestaciones asistenciales debidas”, detalló el fiscal. La calificación legal de la conducta atribuida al ex funcionario es defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta.

Finalmente, el fiscal indicó que el PAMI es una “entidad independiente del Estado Nacional, circunstancia esta que también se resalta en su individualidad administrativa y financiera y en que el origen de los fondos que deben destinarse a sus prestaciones, tampoco provienen del Estado”.