El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó que el sargento de la policía de esa provincia Alejandro Daniel Agüero; la pareja María Silvina Arredondo, y el padre, Carlos Alberto, sean citados a prestar declaración indagatoria, en el marco de una denuncia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico radicada por el representante del Ministerio Público. Se trata del agente que está detenido y procesado por el transporte de más de 1.600 kilos de marihuana en un container hallado en la localidad de Arroyo Leyes, en noviembre de 2014.

La presentación se produjo luego de una investigación preliminar, en la que el fiscal federal advirtió “la evidente desproporcionalidad entre los ingresos y gastos de la familia, sumada a las constancias de que Alejandro Agüero se dedicó activamente al tráfico de estupefacientes en la ‘zona de la Costa’”. Esos elementos le “permiten sustentar un razonable grado de sospecha de que los Agüero introdujeron una importante cantidad de dinero de origen ilícito al mercado legal” en poco más de un año, en un monto que calculó superior a un millón trescientos mil pesos.

Vehículos cero kilómetro e inmuebles

Durante la pesquisa, se verificaron los sueldos de Agüero hijo, de su padre -portero en una escuela- y su concubina -enfermera-. “A pesar de ser éstas las únicas fuentes de ingreso declaradas por el grupo familiar, lo cierto es que sus integrantes realizaron -a lo largo del año 2014 y comienzos del año 2015- disposiciones patrimoniales significativas y desproporcionadas si observamos su potencial caudal económico, conformado por ingresos provenientes de la condición de asalariados estatales”, comparó el fiscal.

En ese sentido, enumeró la remodelación de una casa en el barrio Colastiné de Santa Fe y la adquisición de otra en Santo Tomé, abonada enteramente en efectivo. También, fueron adquiridos un Fiat Palio, un Peugeot Expert y un Chevrolet Celta, todos cero kilómetro, y una poderosa moto Suzuki DL1000. El monto estimado de todas las operaciones fue de 1.381.900 pesos, y no se descarta que haya sido aún mayor.

“Se trató, a fin de cuentas, de la mutación de dinero ‘sucio’ en bienes registrables que pudieran mantener dentro de su patrimonio, administrar y eventualmente reinvertir”, precisó Rodríguez. Asimismo, puso de resalto que “no resulta verosímil que la propia esposa y el padre (…) desconocieran el origen delictivo del dinero que éste aportaba a la familia, atento al trato cotidiano que tenían con él y a la manifiesta desproporcionalidad de los gastos con su salario lícito”.

El representante del MPF señaló que la conducta de la familia encuadraría dentro de lo tipificado por el artículo 303 del Código Penal, agravado en el caso del policía por su condición de funcionario público. Por esos motivos, al instar la acción penal, le solicitó al juez Reinaldo Rodríguez que convoque a todos los sospechados a brindar declaración indagatoria y la realización de una serie de medidas de prueba.