El titular de la Fiscalía de Instrucción N°14, Andrés Madrea, pidió que se investigue al subcomisario Diego Huberty por no haber intervenido en un asesinato ocurrido en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, el pasado 13 de abril. El homicidio ocurrió cuando los integrantes de la familia Dall’Olio se dirigían a bordo de una camioneta Chevrolet a una competencia de perros que iba a llevarse a cabo en la zona de Don Bosco, provincia de Buenos Aires.

Cerca de las 8 de la mañana, Alejandro Walter Dall’Olio conducía la camioneta intención de tomar avenida General Paz. Al llegar al cruce con el “Acceso Rodríguez Peña” y aún encontrándose habilitado por el semáforo, se vio obligado a frenar bruscamente porque un Volkswagen Gol de color rojo, que venía circulando por la colectora de General Paz, pasó a gran velocidad y cruzó el semáforo en rojo.

Ambos conductores retomaron la marcha hasta que se volvieron a encontrar en el cruce de las vías del Ferrocarril Mitre, ubicado justo junto a la estación Migueletes, hacia la avenida General, donde comenzaron a reprocharse y a burlarse por el incidente anterior. Entonces, el conductor del Gol sacó un arma y efectuó tres tiros, uno de los cuales hirió de muerte a Alejandro Walter Dall’Ollo.

Según declaraciones del señalero del ferrocarril, el conductor atacante continuó la marcha, mientras que el grupo familiar comenzó a pedir ayuda a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio.

Sin embargo, el personal policial provincial, al mando del subcomisario Diego Huberty, no intervino. Ante la consulta de una colega, el efectivo respondió que “no se iba a tomar intervención en razón de que era un hecho que se había originado en Capital Federal y que la situación de que haya finalizado en el ámbito provincial no variaba ni daba lugar a actuar como interventor…que quien debía actuar era la autoridad judicial de Capital Federal”.

Ante la inacción de la fuerza policial provincial, familiares de la víctima, en un claro estado de desesperación, atacaron los uniformados y a los patrulleros.

Desde el primer momento, se requirieron los videos que tomaron las cámaras del Municipio de San Martín y otros de organismos públicos y privados.

El fiscal indicó “que la ajenidad territorial del hecho resulta clara", y es por eso que "será en aquél territorio donde quedará mejor asegurado el derecho de defensa y la realización del debate", ya que "es allí donde se encuentran los testigos y las pruebas". Por ese motivo, Madrea emitió lo actuado al Juez de Garantías con jurisdicción en el Partido De San Martín, provincia de Buenos Aires, que por turno corresponda.

En cuanto al pedido de investigación al subcomisario Huberty, Madrea resaltó que “se retiró del lugar de los hechos basado en una elucubración por cierto ajena a sus funciones, mostrando el más absoluto desinterés por la vida humana, la situación de aquellos que sobrevivieron a la balacera y la colaboración que resulta debida más allá de cualquier consideración jurisdiccional por razones que superan las obligaciones legales que voluntariamente se negó a realizar, y que nos adentran en aquellas de carácter humanitario, de educación y propia de las personas de bien”.

Y agregó: “Su doloso abandono de la escena del hecho, no solamente lo hace sujeto de investigación del incumplimiento de sus deberes como funcionario público, sino también quien con su actividad voluntariamente dirigida a ello huyo de la escena poniendo en riesgo la integridad de la prueba y de las personas ante el arresto de violencia que los familiares tuvieron frente a la indescriptible situación que padecen".

“Tal desinterés me ahorra de cualquier calificativo por lo que se extraerán testimonios de las partes de interés para que se investigue la posible comisión de los delitos de acción pública que se desprenden de sus actos, como así también de todos los restantes funcionarios policiales y del municipio que junto a aquél abandonaron el lugar”, sintetizó el fiscal.

Finalmente, el representante del Ministerio Público añadió que los videos de las cámaras fueron difundidas por la televisión, aún cuando la investigación se encontraba en sus mínimos inicios. “La difusión indiscriminada de tales imágenes sin autorización judicial causan un perjuicio a la investigación y resultan un medio idóneo para poner en riesgo el eventual hallazgo y secuestro del rodado conducido por el homicida y/o el arma de fuego utilizada”, aseguró.

“No hay que ser muy avezado para comprender que si el autor efectivamente utilizó el vehículo sospechado, tras verse en los medios masivos de comunicación resulta por demás dudoso que lo conserve, al menos en las condiciones descriptas por las víctimas, si es que algo de aquellos elementos queda aún”, añadió.

Y concluyó que “la difusión no autorizada del material probatorio ha atentado directamente contra el éxito de la pesquisa y, constituyendo ello un delito de acción pública, extraeré también testimonios para que se proceda a su investigación”.