El fiscal federal Jorge Di Lello formuló hoy el requerimiento de instrucción para que se investigue si el ex juez federal Norberto Oyarbide y su pareja Claudio Blanco, entre otros imputados, incurrieron en diferentes delitos de acción pública.

En el escrito dirigido al Juzgado Federal N°12 por el que impulsó la acción penal, Di Lello explicó que la causa se inició tras una investigación preliminar realizada por su colega del Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, hasta la declaración de incompetencia por tratarse de presuntos delitos de materia federal. En ese sentido, señaló que para comenzar la pesquisa previa, Campagnoli se basó en una nota periodística que daba “cuenta de pormenores del estilo de vida del ex juez”, los cuales podían “tener origen en la comisión de hechos que configuren delitos de acción pública”.

La imputación, en concreto, recayó sobre el ex magistrado, Blanco, Ariel Osvaldo Roperti, Jorge Fernando Bladimisquy, Ariel Eduardo Feur y Cristian Elonardo Reinholcz. El fiscal federal reseñó que Blanco “se desempeñaba como árbitro de básquet en el torneo de ascenso de la Liga Nacional” antes de conocer a Oyarbide, y que “al tornarse pública su relación en el año 2010”, “se habría convertido en un ‘próspero empresario’ y comenzó a efectuar negocios de diversa índole”.

Los datos en el sistema NOSIS respecto de Blanco “provocaron una enjundiosa batería de medidas de prueba cuyos resultados obran en la causa, en donde se despliegan un gran número de sociedades vinculadas al nombrado y a la gente de su entorno. Este entramado societario cuenta con el nombrado y sus allegados en tareas gerenciales, cargos directivos o comparten el domicilio fiscal lo que llevaría a presumir que estas sociedades podrían resultar una pantalla para la comisión de delitos”, consideró Di Lello. “Para el Magistrado denunciante (en referencia a Campagnoli)  los cambios de vida de los imputados a partir del conocimiento que tienen del ex juez  permite suponer que ellos hacían valer su relación personal con el mismo y su consecuente influencia sobre Oyarbide ante terceras personas con el objeto de obtener un beneficio personal”, continuó el representante del MPF.

Di Lello sostuvo en el dictamen que para desarrollar la investigación se deberá contar con las “diferentes causas en las que presuntamente ya se han analizado las conductas denunciadas y que en este punto se estarían revisando”.

Entre las más de veinte diligencias sugeridas por el fiscal para recopilar elementos probatorios se cuentan también pedidos de información a la Inspección General de Justicia y diversos registros sobre las sociedades Cuasares SRL; Consorcio Creba SA, Krakenlab SRL; Grupo Florida Inversiones Sociedad de Bolsa SA; El Mirador de Caviahue SA,  La Playa de las Araucarias SA; Carmodels SRL; Strianesse SRL; Mams Consultores; CIGADE IFASA SAIF y de mandatos;  Las Lagunas de Buenos Aires; Administración Global SA; Kredietbank Oficina de Representación y Parques Industriales Ecosustentables SA.;  respecto de los bienes registrados a nombre de los imputados; a la ANSES;  al Banco Central (BCRA) sobre las operaciones realizadas desde 2010 a la fecha; a la AFIP; y a la Unidad de Investigación Financiera sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se pudieran haber originado por la actividad financiera de los imputados, entre otras.