El fiscal federal porteño Jorge Di Lello requirió que se investigue al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a dos miembros de su gabinete y a empresarios vinculados a firmas contratadas para la implementación del Plan Federal de Viviendas (PFV) en ese distrito a partir de 2005, en una causa que tiene por objeto dilucidar una presunta defraudación contra la administración pública por no haberse realizado las obras que comprometieron, principalmente, fondos del Estado Nacional por más de 410 millones de pesos entre aquél año y 2007.

La presentación de Di Lello, formulada ante el Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal, es consecuencia de una investigación preliminar realizada por la fiscalía tras recibir el 4 de agosto pasado una denuncia de la concejala de ese distrito, Marcela Durrieu (Frente Renovador), que a su vez -se indica- fue "originada en reclamos efectuados por vecinos de los barrios precarios de San Isidro", dado que "a la fecha no se ha dado cumplimiento con la totalidad de las viviendas y obras de infraestructura que se habían proyectado". En ese sentido, la denuncia remarca que existen "gran cantidad de personas que residen desde hace muchos años en sitios denominados 'viviendas transitorias', donde viven en condiciones aún peores que antes del inicio del PFV; y según la denuncia, se ignoraría -por lo tanto- el real destino que se le habría dado a los millonarios fondos aportados por el Estado Nacional para tal fin".

Además del intendente Posse, revisten calidad de imputados en la causa el secretario de Gobierno, Hector Prassel; el ex Subsecretario de Obras Públicas, Fernando Romero; y otras siete personas y responsables de 19 firmas contratadas para llevar a cabo las obras.

El requerimiento del fiscal Di Lello narra que el 5 de enero de 2005 el Gobierno Nacional lanzó el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en el marco del Plan Federal de Viviendas, por un monto de 550 millones de pesos destinados a la construcción de 16 mil casas, distribuidas en 27 asentamientos precarios de diferentes localidades de distritos bonaerenses, entre ellos San Isidro.

Indica, asimismo, que durante 2005 para "esa zona" se licitaron obras por 170.880.580 pesos; al año siguiente, por 148.123.870; y en 2007, por 91.848.200. Todo ello suma 410.852.650 pesos "destinados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas del PFV".

La presentación del fiscal refiere, en base a elementos incorporados en el expediente, que para implementar el plan de viviendas la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, representada por Posse, suscribieron en el 2008 el "Convenio Particular-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas-Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios".

En aquél acuerdo, el municipio se comprometió a aportar los recursos que fueran necesarios para hacer frente a las diferencias que pudieran exceder el monto que financiaba la Nación y se comprometió a rendir mensualmente cuentas documentadas. Pero, además, el gobierno bonaerense dispuso aprobar un contrato de préstamo de 350 millones de pesos, suscripto entre la ANSES, la provincia, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación y Nación Fideicomisos S.A. para "contrarrestar los efectos que pudiera tener sobre nuestro país la crisis económica mundial" e "incorporar nuevos recursos para el financiamiento de la construcción de viviendas".

Di Lello refiere en el pedido de investigación que "pese a la existencia de todos estos recursos", la denuncia y la prueba documental incorporada a la causa dan cuenta de que "las obras se paralizaron en el año 2007, pero ya en los años anteriores y desde el inicio del Subprograma, comenzaron las denuncias por irregularidades en la implementación del Plan".

La presentación está focalizada en la situación con las viviendas de los barrios denominados "La Cava", "La Cava Chica", "Sauce", "San Cayetano", "Santa Ana", "Boulogne", "Uruguay" y "demás asentamientos abarcados por el PFV en el citado municipio".

En la documentación que obra en el expediente instruido por la fiscalía, reseña Di Lello, se indica que en enero de 2006 el intendente Posse anunció que a lo ya previsto por el PFV para el partido de San Isidro "se añadiría la construcción de 850 viviendas más, el mejoramiento de 370 casas y la concreción de obras de infraestructura". Además, recuerda que en abril de 2007 el jefe comunal había anunciado que "San Isidro se convertiría en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires sin villas" y que fue el distrito que "recibió la mayor cantidad de fondos a tales fines".

"Se preveía construir 3246 viviendas, cantidad esta que supera ampliamente las proyectadas para Municipios de menores recursos como La Matanza (donde se proyectaba construir 1333 viviendas) de acuerdo con el Anexo I del Convenio Marco" del programa de viviendas, indica Di Lello en base a la documentación recopilada.

En efecto, el fiscal indica que en el caso tomaron intervención la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "los cuales establecieron que el PFV no se había cumplido de acuerdo a lo estipulado, que la cantidad de viviendas construidas era mucho menor a los proyectado, que las mismas no cumplen con las condiciones habitacionales básicas y que carecen de los servicios necesarios, ello entre otras deficiencias".

El fiscal cita como ejemplo un informe de la Defensoría del Pueblo que revela que la Municipalidad se había comprometido a la construcción de 1882 viviendas para habitantes del barrio "La Cava", pero que "el imputado Fernando Romero habría entregado a la Comisión de Vecinos el croquis de un plan en el que se preveía construir solamente 856 viviendas".

Los puntos clave

Di Lello reseña a lo largo de la presentación los aspectos cuestionados en la denuncia de la concejala Durrieu acerca de la implementación del PFV. Uno de ellos es la adjudicación de trabajos a algunas empresas constructoras que "aparecerían vinculadas a quien fuera subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro, Fernando Romero, y su entorno familiar".

La presentación también pone de relieve que un inspector de una de las obras renunció en marzo de 2013 "luego de inspeccionar la misma obra durante 8 años sin que finalizara". Asimismo, remarca irregularidades en la adjudicación de denominadas "viviendas transitorias" en las que se ubicó a residentes de barrios precarios mientras se construían las definitivas. El plazo estipulado para la transitoriedad se iba a extender por tres meses, "pese a lo cual ello se prolongó durante muchos años, en condiciones de hacinamiento y sin los servicios básicos".

La presentación también hace referencia a que la Municipalidad fue sancionada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas bonaerense como consecuencia de "incumplimientos respecto de contrataciones de diversas empresas, algunas de las cuales fueron luego adjudicatarias del Plan Federal".

Otro de los puntos denunciados incluye las "inconsistencias en los informes de avance de obra y ejecución de fondos", que da cuenta de una "importante sobre-certificación de las obras" que "no se compadece con la realidad" de lo construido.