El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación penal por el derrame de cianuro que se produjo el domingo 13 de septiembre en la mina “El Veladero”, del pueblo de Jáchal, provincia de San Juan, cuya explotación depende de la empresa canadiense Barrick Gold. En ese sentido, indicó que la investigación judicial debe "dilucidar si los responsables de los poderes ejecutivos (tanto nacional como provincial) y los directivos de la empresa Barrick Gold cometieron los delitos de envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e incumplimiento de deberes de funcionario público".

En efecto, el fiscal solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº8, que de manera "urgente" se intime al director ejecutivo de la firma, Guillermo Caló, para que “brinde las explicaciones pertinentes”, en particular "qué ocurrió el domingo 13 de septiembre pasado en la mina “El veladero” de San Juan y, específicamente, cuál es el material derramado y sus riesgos", pues "han pasado diez días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber el agua que alimenta a la comunidad".

La causa se inició a raíz de un correo electrónico remitido este 15 de septiembre por una ciudadana a la fiscalía federal a cargo de Carlos Stornelli, quien realizó la correspondiente denuncia penal ante la Cámara de Apelaciones del fuero. En la presentación se denunció a los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y provincial, y a las autoridades de la empresa Barrick Gold, por su responsabilidad en el derrame de cianuro.

La denunciante refirió que los funcionarios públicos, que permitieron que la empresa Barrick Gold operara en esa mina bajo esas condiciones, “incumplieron sus deberes de funcionario público, ya que no inspeccionaron las condiciones en que debía realizarse el trabajo, y sin embargo, renovaron los contratos con los directivos de la empresa para que pueda seguir funcionando”.

El fiscal Delgado explicó en su presentación que de notas periodísticas relevadas acerca del caso surge que la firma extranjera reconoció que se vertieron 224 mil litros de solución cianurada durante una hora y cuarenta y cinco minutos, hasta que se pudo cerrar la válvula del canal norte de la mina, y que, como consecuencia de ello, el Consejo Deliberante de Jáchal “decretó la emergencia ambiental y social del departamento”.