El fiscal federal Franco Picardi solicitó que se investigue si se sobrefacturaron los trabajos realizados en la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales del partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires, por parte de la firma contratista Mako S.A. y presuntamente avalada por el Municipio. El representante del Ministerio Público Fiscal impulsó la acción penal tras la denuncia realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

De acuerdo a la presentación del ente, la Municipalidad habría certificado y avalado la sobrefacturación, que presentó los avances de la obra en el ENHOSA -a cargo de la financiación-. De esa forma, “se habrían realizado erogaciones por más dinero del debido, perjudicándose a las arcas estatales y a los usuarios de las obras y produciéndose el enriquecimiento ilícito del Municipio y de la sociedad mencionada”, reseñó Picardi.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 explicó que el Municipio de Presidente Perón y el ENHOSA suscribieron en 2013 un Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes, que comenzó en noviembre de ese mismo año, en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA). El monto original para su puesta en marcha era de 46.895.589 pesos.

El fiscal calculó que la sobrecertificación de la obra ascendería a un 41 por ciento y un pago en exceso de casi 29 millones de pesos.

La denuncia de la representante del ENHOSA sostiene que existirían diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección. Además, habría faltantes en la ejecución de la obra civil, de la instalación de los equipamientos, en la caminería interna del predio, luminarias y cañerías de interconexión entre los sistemas de tratamiento. La presentación indicó que la “metodología de certificación de determinados ítems no se condice con la estipulada en los pliegos respectivos y que admitió, por ejemplo, la certificación de la instalación de equipos cuando esta no se había realizado o la de adquisiciones que no habían tenido lugar”.

Esas circunstancias implicarían una sobre certificación “del orden del 41%”, lo que representaría “un pago en exceso” que alcanzaría los 28.846.599 pesos. Esa supuesta erogación habría perjudicado “a las arcas estatales y a los usuarios de las obras y produciéndose el enriquecimiento ilícito del Municipio y de la sociedad mencionada”, resumió el fiscal federal en el requerimiento de instrucción, en el que solicitó una serie de medidas de prueba.