El fiscal Federal Federico Delgado solicitó la instrucción de una causa en la que se investigan supuestos daños que a la Estación Retiro del Ferrocarril Mitres a partir de obras edilicias realizadas por distintos concesionarios. Según la presentación del representante del Ministerio Público, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos identificó a un local gastronómico ubicado en el extremo norte del edificio como el “daño más grave” efectuado sobre la fachada.

Las actuaciones en la Fiscalía se iniciaron a partir de la presentación efectuada por el apoderado de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Gustavo Rolando Núñez, quién denunció a la Administración de Infraestructura Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Las distintas intervenciones sin la correcta supervisión de la ADIF (entidad que tutela los bienes de la Estación de Retiro) y sin autorización de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos estaría provocando modificaciones que podrían no tener solución en el futuro.

El local se adjudicó a la firma COMETRANS S.A.  “para mejorar, ampliar, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar la estación terminal ferroviaria Retiro-ex Línea Mitre (…)”. pero el fiscal consideró que en los planos que integraron el contrato de concesión se mencionaba que el local alteraría la fachada del edificio como “área a demoler”.

En su escrito, Delgado dejó en claro que hubo "desidia" por parte del Estado, ya que no se preocuparon por  la “cosa pública”. Destacó también que pasaron 15 años sin que la administración pública se haya preocupado “para que el concesionario cumpla el compromiso asumido de ejecutar la demolición de los locales” que desdibujan la estructura de la estación, declarada monumento histórico.

Hacia el final, el representante del Ministerio Público Fiscal, sugirió al juez recibir declaración indagatoria a los presidentes del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) –desde la firma del contrato de concesión hasta su disolución-, a los directores ejecutivos de la Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) y a los presidentes de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF).

Entre otras medias, solicitó que se requiera a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, que efectúe un detalle pormenorizado de todas aquellas modificaciones provocadas por los concesionarios, y que explique por qué habrían repercutido negativamente en la Estación.

También, pidió que, una vez tenga el informe de la Comisión, se presenten los contratos de concesión celebrados por la ADIF y que se efectúe un informe pericial para confirmar o desechar si las modificaciones edilicias denunciadas.

La causa quedó radicada en el Juzgado N°10, a cargo de Julián Ercolini.