El titular de la Fiscalía Nº7 en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Ramiro González, consideró que un hombre y la hija deben ser enjuiciados en el marco de una causa por la cual ya había requerido el fin de la instrucción para la pareja del acusado y el hijo. La familia deberá responder por la explotación sexual de dos adolescentes, cometida en la Ciudad de Buenos Aires y en Rafaela, provincia de Santa Fe. Además, el representante del Ministerio Público pidió que se juzgue también a la madre de una de las víctimas, por haberla ofrecido a los imputados.

Según la investigación de la Fiscalía encabezada por González que concluyó con el requerimiento presentado el 16 de febrero, el líder de la banda y principal imputado sería el hijo varón de la pareja. El joven está acusado de haber engañado, en enero de 2012, a una de las víctimas, mientras entablaba una relación amorosa.

Por otra parte, está acusado de haber explotado sexualmente a la otra víctima al menos durante el período comprendido entre el 15 de abril y 3 de junio de 2015. Si bien las circunstancias de la captación de la niña aún se desconocen, se estableció que fue acogida en el hotel “Soutullo, donde la menor habría ofrecido sus servicios sexuales, todos los días de la semana entre las 20:00 horas y las 3:00 en los barrios porteños de Flores y Constitución.

La madre del principal imputado está acusada de haber participado en la explotación sexual de las dos víctimas de la causa, con la colaboración de los otros miembros del clan familiar

La hermana habría participado en la explotación sexual de una de las víctimas mediante el ofrecimiento de los servicios sexuales a eventuales clientes, a quienes contactaba telefónicamente. Además, habría trasladado a la víctima a eventos de competición automovilística  donde sería frecuente la prostitución.

El cuarto integrante del clan es el padre, quien habría sido el responsable del traslado de las dos víctimas. A su vez, habría acogido en su domicilio particular a una de ellas  y habría cumplido los roles de vigilancia mientras la víctima ofrecía  sus servicios sexuales en la vía pública.

Finalmente, el fiscal González solicitó el requerimiento de elevación a juicio de la madre de una de las víctimas ya que se encuentra acusada de haber ofrecido  a la menor de edad a los captores para que fuera explotada sexualmente

Inicio de la investigación

La denuncia fue realizada por una de las víctimas el 8 de agosto de 2014 ante la Comisaría N°8 de la Policía Federal Argentina, un día después de escapar del cautiverio. En esa oportunidad la víctima relató que en diciembre de 2011, cuando tenía apenas 15 años, entabló una relación amorosa con el principal imputado a quien conoció en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Luego de un tiempo, el acusado le comentó su intención de vivir juntos en la casa de los padres, ubicada en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Las propuestas continuaron hasta que ella aceptó la mudanza a comienzos de 2012.

Ya en la localidad santafesina, el acusado comenzó a explotarla sexualmente, a golpearla y amenazarla de muerte si no regresaba con dinero al finalizar la jornada. Por su parte, la madre del joven fue la encargada de dar los detalles en torno al precio que debía cobrarse a los "clientes”, y al hotel al que debía trasladarse para realizar los “pases”. Además, aclaró que el dinero debía ser entregado a su hijo.

La víctima subrayó además que al cabo de un año quedó embarazada, lo que no impidió que continuara su padecimiento tanto en la ciudad de Rafaela como en el barrio porteño de Constitución.

Al expediente fueron incorporadas otras causas que habían sido iniciadas a raíz de denuncias que daban cuenta de actividades del clan familiar compatibles con trata de personas.

Por otro lado, el fiscal consideró probado que el clan familiar explotó también a otra joven menor de edad entre el 15 de abril y el 3 de junio del corriente año. La adolescente, quien sufre un retraso madurativo, habría sido captada “en circunstancias que aún se desconocen”, acogida en un hotel y obligada a ejercer la prostitución todas las noches en los barrios de Flores y Constitución. Cuando los empleados del albergue le negaron el ingreso por no alcanzar los 18 años, los explotadores le habrían otorgado una identidad falsa para simular “una inexistente mayoría de edad de la menor”.

Tanto el principal acusado como su madre permanecen detenidos desde el 3 de junio de2015, cuando se realizó un allanamiento en el hotel porteño “Soutullo”, donde además se rescató a esa víctima.

Este tramo de la pesquisa se había iniciado a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, por una integrante de la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.