La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Paula Asaro, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra tres policías de la provincia de Buenos Aires y un ex integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por dos hechos de extorsión que tuvo como víctimas a un hombre que se encontraba detenido y su familia.

De acuerdo al requerimiento para enviar la causa al debate oral y público suscripto por el auxiliar fiscal Leónidas Ariel Quintela -de la Fiscalía a cargo de Paula Asaro-, los delitos se concretaron entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado. Por entonces, una persona estaba detenida en la Comisaría 4ta de Ituzaingó cuando fue sacada de la celda para ser “entrevistada” irregularmente por un hombre que le exigió la entrega de cien mil dólares a cambio de que no se le impute un homicidio y narcotráfico, cuando en realidad estaba alojada allí por la tenencia ilegal de un arma de fuego.

En paralelo, dos primos del detenido fueron abordados en un local de la Galería Jardín -propiedad de aquél y ubicada en la calle Florida del microcentro porteño-, de donde lograron llevarse 20 mil pesos amparándose en el mismo relato. Días después -el 2 de octubre- se hicieron con otra suma de dinero, tras simular poseer una orden de allanamiento y hacer que un cerrajero del lugar les franqueara el acceso al local.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Norberto Ezequiel Monjes -sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asignado a la DDI de San Martín- y Diego Gustavo Mauad -ex integrante de la PSA- obligaron a las víctimas “a entregarles dinero, mediante intimidación y simulando autoridad pública. Dichas conductas fueron posibles merced a la necesaria intervención de Sergio Daniel Iglesias –por entonces jefe de la comisaría 4ª de Ituzaingó ‘San Alberto’ de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y de Cristian Leonardo Aybar -oficial de servicio de dicha dependencia policial-”.

Los hechos investigados

Según el escrito dirigido al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, mientras el hombre se encontraba detenido, el 27 de septiembre, Mauad fue al negocio y le refirió a uno de sus primos que debían entregarle dinero para “arreglar” y que no se le endilguen los mencionados delitos. A la mañana siguiente se presentó de nuevo y les indicó que “ya había hablado con su primo”: aprovechando que la Policía Federal estaba realizando un procedimiento en la galería y simulando formar parte de él -lo que posibilitaría llevarlos detenidos-, el imputado logró que le entreguen 20 mil pesos, no sin antes dejar aviso de que se contactarían otra vez para conseguir el resto del dinero.

Por su parte, el acusado Monjes se habría presentado durante la noche del 27 en la seccional provincial donde la víctima estaba detenida. Tras saludar al comisario Iglesias, se entrevistó con el hombre para exigirle la entrega de la plata. Ante la negativa le indicó, a modo de amenaza, que lo iban a “engarronar con lo del homicidio”. El detenido fue conducido desde la celda y regresado a ella por el coimputado Aybar. Más de una decena de personas que estaban detenidas dieron cuenta del traslado. Para el MPF, se trató de una participación necesaria en la maniobra -que de no realizarse habría interrumpido el delito en curso-, por cuanto el comisario permitió el ingreso de Monjes y Mauad “e impartió una orden manifiestamente irregular para que el Oficial de Servicio Cristian Leonardo Aybar traslade al detenido en horas de la noche desde el calabozo hasta esa oficina y le diga falsamente que era para obtener fichas dactilares. Así, Aybar cumplió esa orden manifiestamente ilegítima dolosamente, sin que mediase coacción a su respecto, y pudiendo haberse opuesto a su cumplimiento”.

Mauad y Monjes se presentaron juntos en el local del centro porteño el 2 de octubre. Cuando entraron -luego de pagarle al cerrajero- comenzó a sonar una alarma. Finalmente, personal policial de la Ciudad alertado por su activación acudió al lugar y los detuvo. Hasta ese momento se habían ocupado de llamar reiteradamente a los familiares del detenido -incluso haciéndose pasar por él, en una ocasión-, de enviarles una foto por Whatsapp de un falso manuscrito en el que les pedía que paguen y de hacerle saber a la pareja del hombre que conocían sus movimientos, entre otras circunstancias intimidantes.

Tras evaluar los casi doscientos elementos de prueba reunidos durante la instrucción de la causa, el MPF consideró que se trató de dos hechos extorsivos consumados. Estando detenido en la comisaría de Ituzaingó, la víctima “se hallaba en una situación de vulnerabilidad por hallarse privado de su libertad y sometido a un trato por fuera de todo procedimiento legal. Dentro de ese cuarto sus garantías constitucionales estaban absolutamente ausentes”, advirtió el auxiliar fiscal en relación al lugar donde se le exigió el pago.

Sin obediencia debida

La Fiscalía analizó en un apartado del requerimiento la indagatoria del imputado Aybar, quien adujo que hizo el traslado del extorsionado de la celda a una oficina por ser un “oficial de servicio, de menor responsabilidad al de jefe de servicio, en un posible intento por posicionar su conducta dentro de los parámetros de la obediencia debida”. Tras analizar las posiciones doctrinarias pertinentes sobre la cuestión, Quintela observó que “nada hubiera impedido que Aybar se negara a acatar la orden impartida, interrumpiendo el curso del desarrollo del delito aquí investigado. De hecho, como bien lo señaló V.S. [en alusión al Juzgado], estaba obligado a no cumplirla a partir de las normas previstas en la ley 13.482 de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que le ordenaba no infligir, instigar o tolerar ningún acto de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancia especial o situación de emergencia para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad personal”.