El fiscal federal Franco Picardi imputó al ex director general de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio Stiusso y solicitó al juez Luis Rodríguez la indagatoria del ex espía por considerarlo responsable de haber organizado un sistema de escuchas ilegales para lograr “espurios intereses personales o particulares”. Concretamente, Stiuso había conseguido la intervención de 20 abonados telefónicos y correos electrónicos de la sucursal local de la firma británica de seguridad privada “Dark Star Security” por supuestas actividades de espionaje y contraespionaje en la Argentina. Sin embargo, esas escuchas continuaron por tres años a pesar de que el fiscal Federico Delgado había afirmado que no existían elementos de que esas actividades ilegales hayan existido.

En su dictamen, Picardi sostuvo que Stiuso sería responsable, como funcionario público (artículo 248 del Código Penal), de haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas (artículo 42 de la Ley 25520) con posterioridad al 23 de febrero de 2012, cuando venció el plazo legal de 60 días que debía renovar el juez.

Picardi destacó que, “mediante actos engañosos, materializados en información espuria, instrumentada en distintas actuaciones, que habrían dado cuenta de actividades de espionaje y contraespionaje en la República y en beneficio de potencias extranjeras” Stiuso logró “inducir a error a las altas autoridades de la ex Secretaría de Inteligencia, como así también del Poder Judicial de la Nación, para la obtención de sucesivas autorizaciones para llevar adelante interceptaciones de comunicaciones”.

En su página web, “Dark Star Group” se presenta como una “consultora especializada en gestión de riesgos, asesoramiento en operaciones internacionales en los campos de defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo”.

La causa se originó a raíz de un pedido de extracción de testimonios efectuado por el fiscal federal Federico Delgado ante el juez Sergio Torres, luego de que se comprobara que nunca existieron las actividades de espionaje y contraespionaje en infracción a la ley 13985 supuestamente desarrolladas en el país por integrantes de “Dark Star Security”.

Por tal motivo, Picardi indicó en su dictamen que la sucesión de hechos y elementos incorporados a la causa evidenciaron que la ex Dirección de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia dependiente de Presidencia de la Nación, bajo la conducción del propio Stiuso, violó “las reglas de Ley Nacional de Inteligencia, en tanto desarrolló tareas propias de su especialidad por razones que no guardaban relación alguna con la posible existencia de actividades que afectaran la seguridad exterior e interior del país, ni actividades de inteligencia de agentes que importaran una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional”.