La Fiscal General Gabriela Baigún, a cargo de la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, solicitó penas de entre seis y quince años de prisión para ocho imputados que se dedicaban a preparar, comercializar y almacenar pastillas de éxtasis, así como también a comercializar cocaína y marihuana.

La representante del MPF tuvo por probado que los imputados traficaban estupefacientes en distintas modalidades, preparación, comercialización, y almacenamiento. Además del pedido de penas, la fiscal general  Baigún solicitó el decomiso de automóviles, dinero, una moto, un inmueble, una máquina que se utilizaba para la fabricación de pastillas y armas, entre otros elementos.

La causa se inició en agosto de 2014, con una denuncia anónima realizada por un padre ante la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, que daba cuenta que una mujer, de nombre Virginia, le habría vendido pastillas a un menor en el boliche “Mandarine” o “Crobar”, en el barrio de Palermo de la Capital Federal. Así se le dio intervención a la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la mencionada superintendencia para que lleve a cabo las tareas investigativas.

Para ello se realizaron seguimientos, diligencias encubiertas y escuchas directas que pusieron en evidencia numerosas conversaciones en las que se hablaba abiertamente del comercio de distintas clases de estupefacientes, e incluso, en algunos casos, se daba instrucciones a los compradores de como consumir los estupefacientes según el estado anímico que querían lograr. Las tareas de investigación culminaron en el mes de marzo del año 2015, con diversos allanamientos y la detención de los imputados que fueron llevados a juicio.

En marzo del corriente año comenzó el debate oral y público y la semana pasada, luego de culminar la recepción de las pruebas,  Gabriela Baigún alegó sobre aquellas y formuló acusaciones respecto de ocho de los nueve imputados en la causa.

La representante del MPF tuvo por acreditado que Carlos Alberto De Lillo, Virginia Ovejero, Alan Santiago González Quintela, Claudio Gonzalo Roch, Hugo Ruben Cesaroni, Carlos Sebastián Agüero, Sergio Gustavo González y Carlos Damián García Favano se dedicaron durante el transcurso del año 2014 y comienzos del 2015 a producir, almacenar y comercializar pastillas de éxtasis, así como también a comercializar cocaína y marihuana.

En este sentido, solicitó que se condene a los ocho imputados y requirió la pena única de quince años de prisión para Carlos Alberto De Lillo (unificada con la condena dictada por el Tribunal Oral Penal Económico Nº1 a 4 años y 7 meses de prisión, actuaciones en las que se encontraba prófugo al momento de ser detenido en el año 2015, oportunidad en la que oculto su verdadero nombre identificándose con  datos falsos al momento de ser arrestado), por encontrarlo responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en sus modalidades de preparación y comercialización, en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de 12 documentos nacionales de identidad ajenos.

Así también, requirió se condene a Carlos Sebastián Agüero y Alan Santiago González Quintela a nueve años de prisión, por el delito de tráfico de estupefaciente en su modalidad de comercialización, a Carlos Damián García Favano a la pena de seis años por el delito de almacenamiento de estupefacientes y al resto de los imputados – Virginia Ovejero, Claudio Gonzalo Roch y Hugo Rubén Cesaroni - a siete años  por encontrarlos responsables del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercialización.

Por último, acusó a Sergio Gustavo González  por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercialización y tenencia de dos armas de fuego, y solicitó la pena única de prisión perpetua, en virtud de la condena que se le impusiera en el marco de la causa 1085, en la que se juzgó el crimen de José Luis Cabezas.

Decomiso de bienes

stián Agüero y Alan Santiago González Quintela a nueve años de prisión, por el delito de tráfico de estupefaciente en su modalidad de comercialización, a Carlos Damián García Favano a la pena de seis años por el delito de almacenamiento de estupefacientes y al resto de los imputados – Virginia Ovejero, Claudio Gonzalo Roch y Hugo Rubén Cesaroni - a siete años  por encontrarlos responsables del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercialización.La representante del MPF por aplicación de lo dispuesto por el art. 23 del Código Penal y el art. 30 de la lay 23.737 solicitó a los jueces del tribunal el decomiso de diferentes elementos: autos de lujo, una moto y  la totalidad del dinero incautado en autos, por ser fruto de la comercialización de estupefacientes, la totalidad de los teléfonos celulares y armas de fuego. Además pidió que se decomisen balanzas, máquinas para producir pastillas, máquina contadora de dinero, termoselladora y demás efectos que fueron incautados en el marco de los allanamientos.