El 19 de abril de 2012, Saldarriaga Perdomo, alias "Mojarra" o “Guajiro”, caminaba por la calle Marcelo T. de Alvear al 1200, alrededor de las 18:30. Iba camino al estacionamiento donde una hora antes había dejado su camioneta Honda CRV. Los guardaespaldas con los que solía manejarse desde que había llegado al país desde Colombia, no estaban. En ese momento, un hombre bajó de su moto, se sacó el casco, cruzó la calle y le disparó por la espalda. Cuatro de los balazos impactaron a la altura del tórax y otros tres, a la cabeza.

Para la fiscal Cuñarro, no caben dudas de que Aristumuño fue el autor del asesinato. Le solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 que lo condenen por el delito de “homicidio doblemente agravado por haberse cometido por precio o promesa remuneratoria y por alevosía”. También, pidió el decomiso de la moto utilizada en el crimen y la extracción de testimonios de varios testigos, entre los que se encuentra Germán Fliess Maurer, abogado del narcotraficante colombiano Francisco Javier Duque Salazar, prófugo de la justicia.

Antes de comenzar con la acusación, Cuñarro estableció un marco donde vinculó el caso con una causa que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Penal Económico. Detalló los nexos entre ambos expedientes y luego describió la prueba que las relacionaba, las personas físicas y jurídicas involucradas, y los teléfonos y lugares que mostraban coincidencias. En base a escuchas telefónicas, sostuvo que hay bienes y personas conectadas con el narcotráfico internacional.

Luego, describió el contexto en el que se dio la muerte. “Este no es un homicidio común ni intrascendente; el imputado fue elegido para llevar a cabo este ajuste de cuentas”, dijo la fiscal ante los jueces Martín Vazquez Acuña, Luis Roberto Salas y Alberto Huarte Petite. En la sala de audiencias, además de las partes, estuvieron presentes Diego Rodríguez, de la Procelac, y Eduardo Nogares, de Procunar. Ambas procuradurías especializadas trabajaron con Cuñarro para intentar determinar si corresponde abrir, más adelante, investigaciones relacionadas con el lavado de activos proveniente del narcotráfico.

Al comienzo de la pesquisa, relató la representante del Ministerio Público, la víctima fue identificada como Carlos José Brausin García. Luego, se supo que se trataba de Saldarriaga Perdomo, ex jefe de sicarios en Colombia, relacionado con el narcotraficante Daniel "El Loco" Barrera Barrera y que había escapado de una prisión de máxima seguridad en aquél país. Unos meses antes de su muerte, había sufrido un intento de asesinato durante un partido de fútbol como consecuencia de haberse quedado con los seis millones de dólares producto de una operación que habría involucrado 500 kilos de cocaína. Luego de ese hecho (que tuvo como resultado seis muertos), viajó hacia Argentina con su mujer y su hijo.

La fiscal consideró que el homicidio estuvo claramente motivado por cuestiones relacionadas al narcotráfico. Para ello, citó la causa que tramitó en el fuero Penal Economico y donde fueron condenados, en julio de este año, cuatro hombres por el intento de envío a Europa de 120,8 kilos de cocaína. Esa causa se inició en mayo de 2012, luego de la muerte de Saldarriaga Perdomo, y comenzó con la información que la Prefectura Naval Argentina llevó a la justicia por un campo en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Ese terreno, de 18 hectáreas, habría sido utilizado como sede de las operaciones de narcotráfico. Si bien figura bajo el nombre de uno de los condenados, el verdadero dueño sería “Mojarra”. Cuñarro afirmó que Gerardo Ruidíaz, condenado a doce años de prisión por el delito de contrabando de exportación de estupefacientes y lavado de activo, era testaferro de Saldarriaga.

El rol de Aristimuño

Durante el alegato, la fiscal describió la mecánica con la que se llevó a cabo el hecho. Le mostró a los jueces el informe del Cuerpo Médico Forense, el en que se detallan los lugares donde fue impactado el cuerpo de la víctima. Por el calibre de la pistola (.9 mm), los expertos consideraron que el agresor se encontraba a menos de cincuenta centímetros de la víctima: "El imputado fue el único que pudo realizar la maniobra a esa distancia". Para reforzar el móvil de la recompensa monetaria por la muerte, Cuñarro indicó que había relación entre víctima ni victimario: “No le había hecho nada, no tenía deudas ni problemas de polleras”.

Durante el juicio, declaró uno de los testigos clave del hecho: el sargento Elvio Rojas. El policía hacía servicios adicionales en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Talcahuano hacía varios años cuando ocurrió el hecho. La fiscal retomó su declaración y recordó que fue éste quién reconoció a Aristimuño como el autor de los disparos y que se lo señaló a los jueces. También, hizo hincapié en la declaración de otros seis testigos que ubicaron al acusado en el lugar de los hechos y en la filmación del banco Standard Bank, donde se observa a un joven de similares características.

Una de las claves para dar con el acusado fue el hallazgo de los papeles de la moto Zanella, que había sido comprada tan sólo ocho días antes del asesinato y que fue abandonada en la escena del crimen. Aristimuño, de 25 años, declaró que vivía de pedir en la calle. Los empleados de la concesionaria que declararon ante los jueces afirmaron que por el vehículo y el casco pagó 12 mil pesos. Durante la compra, el acusado aportó un número de celular que dijo que le pertenecía. Ese número se activó dos veces en una antena cercana a Marcelo T. de Alvear 1280 el día del hecho. Ya se había activado en la zona de la concesionaria el día de la compra y pocas horas después, cerca de la zona del crimen, lo que Cuñarro consideró como una “investigación de la zona”.

La fiscal indicó, además, que varias de las llamadas que recibió Aristimuño provenían del penal de Marcos Paz, donde está alojado su primo y donde cumplen su condena varios jefes de bandas relacionadas al tráfico de estupefacientes. Cabe destacar que el acusado estuvo preso por robo y fue condenado por un tribunal de Lomas de Zamora por un homicidio en ocasión de robo.

Para Cuñarro quedó claro que el imputado pactó con un grupo de colombianos, quienes le dieron la moto y el celular a cambio de que asesinara a Saldarriaga. Es por eso que le solicitó a los magistrados, además, que se haga efectiva, finalmente, la extracción de testimonios de la causa, para ubicar a los tres colombianos que formaron parte del “pacto” y confirmar el recorrido que tuvieron la banda y los bienes que manejaban.

El alegato de la defensa

Luego de un cuarto intermedio, la abogada Verónica Blanco desplegó su tesis defensiva. Hizo foco en tres ejes: quién era la víctima, quién su defendido y criticó la investigación realizada en la instancia anterior. “No hicieron ninguno esfuerzo por saber que había pasado con Saldariaga Perdomo”, sostuvo.

Indicó que a su defendido lo habían “utilizado” para vincularlo al crimen y relativizó las llamadas recibidas en el celular que Aristimuño dio en la concesionaria cuando compró la moto. Para Blanco, el homicidio de la víctima fue “a traición” pero desligó a su cliente: “¿me quieren hacer creer que contrataron a un joven de Villa Tranquila para matar a un sicario narco?” Dijo, además, que nunca fue identificado en la causa y que ese día no estuvo en la zona del homicidio, por lo que pidió la absolución.

Los jueces fijaron el 26 de agosto como el día clave: en esa jornada Aristimuño tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras y luego, el Tribunal dará a conocer el veredicto.