Leonel Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Morón, dictaminó a favor de que se autoricen las salidas extraordinarias a una mujer, madre de seis hijos menores de edad, que se encuentra alojada en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El representante del Ministerio Público tomó la decisión en el marco del reglamento general de procesados, un decreto nacional que data de 1996 y que establece que "el régimen carcelario se organizará sobre la base del equilibrio entre los derechos y los deberes individuales de cada interno" y que promueve, entre otros derechos, el mantenimiento de los vínculos familiares. Para ello, le requirió al juez Federal subrogante de Morón, Juan Pablo Salas, que haga lugar al beneficio.

La defensa de la mujer encerrada había solicitado la medida por la necesidad de lograr que se re-establezca el contacto de la madre con sus seis hijos de 16, 14, 12, 10, 8 y 5 años. Los niños están al cuidado de sus abuelos y por motivos económicos no pueden concurrir a la penitenciaría a realizar las visitas.

El delegado tutelar José Silva, quien concurrió al domicilio donde viven los chicos junto a sus abuelos, concluyó que "el encuentro y observación de la situación familiar actual, permite inferir que la posibilidad de otorgar visitas domiciliarios a la causante sería muy beneficioso para los menores, en primer término porque los adultos que los cuidan se ven con dificultades concretas para facilitar el encuentro entre los niños y su madre, y así mantener el lazo afectivo necesario en todas las etapas de crecimiento de cualquier niño. Por otra parte, sería beneficiario para los abuelos permitiéndoles un descanso que obraría también en mejor disposición y un beneficio para los niños”.

Gómez Barbella agregó los hijos de la mujer no tienen padre y remarcó que un rechazo al pedido podría resentir el normal desenvolvimiento de la relación familiar, afectar los derechos de los niños y actuar en contraposición a lo dicho por las disposiciones legales nacionales e internacionales. Asimismo, entendió que la protección del núcleo elemental para el desarrollo de los chicos obliga a una solución que priorice el derecho a la preservación de sus relaciones y a crecer en un entorno adecuado. Por último, el fiscal sostuvo que la Convención de los Derechos del Niño establece que deberá primar el interés superior de los menores de edad en toda decisión de una institución pública o tribunal de justicia, y que obliga a prestar especial atención a las consecuencias que la medida del juez pueda generar.