La fiscal general Gabriela Baigún pidió que un comisario y un subcomisario de la Policía Federal Argentina sean condenados a tres años de prisión e inhabilitados a ejercer cargos públicos de forma perpetua, al encontrarlos coautores del delito de defraudación por la compra de un sistema de detección de incendios con precios sobrevaluados para esa fuerza de seguridad. Asimismo, solicitó que al particular al que se le adjudicó el trabajo se le impongan dos años y seis meses por su intervención como partícipe necesario en los hechos investigados y la extracción de testimonios para investigar la posible responsabilidad de otro funcionario policial, que originalmente había intervenido como denunciante y luego como testigo en el juicio celebrado en los tribunales federales de Comodoro Py.

En su alegato, la representante del Ministerio Público consideró acreditado que en octubre de 2007, el entonces subcomisario Silvio Omar Piorno y el comisario inspector Hugo Roberto Girella decidieron iniciar un procedimiento de anticipo de fondos para implementar el sistema en la Sección Archivo General de la fuerza de seguridad. Para ello, habrían recabado al menos dos presupuestos expresamente elegidos y en los cuales se encontraba sobrevaluado, como mínimo en un 20%, el costo final de la obra. Piorno armó el expediente con los presupuestos sobrevaluados y Girella, en su carácter de superior jerárquico, dio el visto bueno y lo elevó a las instancias administrativas encargadas de realizar el pago. Para ello contaron con la colaboración necesaria de Francisco Stillitano, conocido del subcomisario y autor material del presupuesto que benefició a la inexistente empresa “UPC”.

Baigún reseñó también que a principios de 2008, Piorno fue sucedido en el cargo por el subcomisario Jorge Abelardo Fernández, quien “conociendo que se trataba de presupuestos sobrevaluados (…) devolvió el expediente a Erogaciones, reiterando el pedido oportunamente realizado por Piorno y Girella”.

Entre los elementos probatorios se contaron el expediente de licitación, presupuestos, las actas que dan cuenta de allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en el departamento central de la PFA y en la división Erogaciones, testimonios y un peritaje del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por otra parte, la fiscal general retiró la acusación respecto del funcionario policial Ruben Canabal y de Gabriel Rascovan, quienes habían llegado como imputados al debate oral y público. El veredicto del Tribunal Oral Federal N°5, integrado por Sergio Paduczak -como su presidente-, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott, está previsto para luego de los alegatos de las defensas, que tendrán lugar mañana y posiblemente se extiendan hasta el lunes.