El fiscal Federal de Mar del Plata, Pablo Larriera, requirió la elevación a juicio para una pareja por la retención y ocultamiento de un niño que inscribieron falsamente como propio en marzo de 1977, cuya entrega les fue gestionada por la tercera imputada de la causa, quien es la madre del marino condenado por crímenes de lesa humanidad Alfredo Astiz, un emblema de la represión ilegal.

La acusación de Larriera fue dirigida contra Carmen Ángela Orellano y Mario Guido Capelli, ambos de 71 años, y María Elena Vázquez, de 87, quienes fueron imputados como coautores de los delitos de retención y ocultamiento de un niño de diez años en concurso ideal con hacer incierto y alterar el estado civil de la víctima y con el delito de falsedad ideológica de instrumento público.

El joven, hoy de 37 años de edad, no recuperó aún la identidad pues el resultado del análisis genético dio resultado negativo respecto de las muestras que guarda el Banco Nacional de Datos Genéticos, aunque en el marco de la investigación sí logró la certeza de conocer que no son sus padres quienes lo inscribieron como hijo.

El fiscal dictaminó que se trata de un delito aún en ejecución, por lo que no está sujeto a la prescripción pese a no contar por el momento con pruebas sobre un nexo directo con crímenes de lesa humanidad, como lo sería la comprobación de que la víctima fuera hijo de desaparecidos.

La investigación comenzó en noviembre de 2006, cuando una mujer solicitó que se investigue la identidad de la víctima, dado que su hermano y su cuñada, embarazada de tres meses, se encontraban desaparecidos y nada se sabía sobre el paradero del niño o niña que podría haber nacido durante su cautiverio. La denunciante además aportó datos de una denuncia anónima recibida en la filial Mar del Plata de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que daba cuenta de la entrega de un niño al imputado Capelli por parte del marino fallecido Alfredo Bernardo Astiz, padre del represor y esposo de la acusada Vázquez.

Según refiere Larriera en la acusación, entre 1976 y 1977 Vázquez "contactó al matrimonio integrado por Carmen Ángela Orellano y Mario Guido Capelli, quienes no podían tener hijos, y les ofreció la entrega de un bebé, que supuestamente era hijo de una empleada doméstica que trabajaba en su casa y que no quería quedárselo". Capelli era albañil y por entonces trabajaba en una obra en una vivienda de la familia Astiz.

Durante el embarazo de la madre del niño, la mujer visitó al matrimonio en al menos dos oportunidades para "coordinar lo que sería la entrega del menor de edad, la que tendría lugar inmediatamente después de su nacimiento", describió Larriera en el requerimiento de elevación a juicio. "En la primera ocasión, Vásquez le dijo a Orellano que la joven estaba embarazada de cinco meses y se comprometió a avisarle un mes antes de la fecha del parto si la madre seguía con intenciones de darlo", añadió el fiscal en base a las pruebas recogidas en la instrucción. Un mes antes de la fecha del parto, Vázquez cumplió su promesa y le avisó a los apropiadores que "el niño estaba por nacer y que la madre seguía con intención de entregarlo".

El 9 de marzo de 1977, la partera Armonía Baquero, que atendió el nacimiento, avisó telefónicamente al tío de Capelli que el niño había nacido. Orellano concurrió junto a su prima a una casa situada en Balcarce al 3900 de Mar del Plata a retirar al niño. En la causa, se acreditó que allí funcionó una "clínica clandestina". Una joven atendió a las dos mujeres y, tras diez minutos de espera, apareció la partera y "les entregó el bebé y un papel con anotaciones donde estaba anotada la fecha y hora de nacimiento (que había sido la noche anterior). La constancia tenía un sello y figuraban como padres del niño Orellano y su esposo", señaló Larriera en su presentación.

Cinco días más tarde, Capelli concurrió al Registro de las Personas y, con aquella constatación de nacimiento, hizo que la autoridad del lugar labrara un acta en base a datos falsos, que luego también figuraron en el Documento Nacional de Identidad.

La fecha de nacimiento también es apócrifa. Según señaló el fiscal, el parto se produjo en la noche del 8 de marzo pero el documento firmado por la partera consigna el 9 porque Orellano quería que coincidiera con la fecha de su cumpleaños.

"A partir de entonces, el matrimonio Capelli-Orellano crió a dicha criatura como hijo biológico y mantuvo oculto el verdadero origen hasta el conocimiento que, a partir de la presente causa, se tuvo sobre ello al obtenerse en el mes de agosto de 2010 el resultado del cotejo de ADN con las muestras hemáticas obtenidas", narró el fiscal.

Entre otros elementos, Larriera valoró entre las pruebas una fotografía que muestra al matrimonio Vázquez-Astiz en el bautismo del niño, quien llevó como segundo nombre "Alfredo", el mismo que el del marino.

Larriera señaló asimismo que no puede descartarse que la víctima pueda resultar hijo biológico de personas desaparecidas, teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo y el vínculo de los integrantes de la familia Astiz con la ejecución del plan criminal que incluyó la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura.