Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 10, solicitó elevar a juicio una causa en la que la presidenta de “Central Química Argentina SA”, Irma Distacio González, está imputada de haber desobedecido una resolución emitida por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico que le ordenaba la presentación de una declaración jurada con las sustancias químicas controladas que poseía en stock. Además, la Sedronar le había cancelado “definitivamente” la inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. La  imputada no sólo no entregó la información, sino que continuó con la comercialización de manera ilegal.

Según se desprende de la elevación a juicio, luego de la cancelación de la licencia a la empresa “Central Química Argentina SA”, la imputada efectivizó la venta irregular a las firmas “Química Anjo SA”, “Logística Químicos y Sanitizante SRL”, “Industrias Miguens Hermanos” y “Dorwil SA”. Por esas operaciones, el fiscal consideró que Distacio González “incumplió lo ordenando por la autoridad de fiscalización, es decir hizo caso omiso a la sanción pudiendo cumplirla, y prosiguió con su actividad comercial”.

En el requerimiento de elevación a juicio, el representante del MPF manifestó la importancia que tiene para el Estado el resguardo que deben mantener las empresas que comercializan o utilizan sustancias químicas, registrar cada movimiento y cada operación. Iglesias agregó que el artículo 7 de la ley 26045 de Registro Nacional de Precursores Químicos establece que las empresas deben declarar sus operaciones y suministrar la información y exhibir la documentación cuando el Sedronar lo requiera.

Los precursores químicos son sustancias indispensables para la generación de otras mediante una reacción química. El Registro Nacional de Precursores Químicos ordena el mercado legal para evitar que se comercialicen hacia la producción de drogas ilegales.