En línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el juez federal Luis Rodríguez dictó el procesamiento de tres personas por el delito de intimidación pública, a raíz de las reiteradas amenazas de bomba realizadas telefónicamente al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). Además, les trabó embargos de más de tres millones de pesos, luego de que un informe de la Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina revelara que ese fue el costo económico de los operativos de seguridad desplegados para la inspección del lugar y la evacuación de las alrededor de 1500 personas que allí trabajan.

El fiscal federal a cargo de la investigación de la causa, Franco Picardi, había pedido el procesamiento de dos de los acusados y la realización del estudio por parte de la Policía Federal, al considerar acreditado que uno de ellos hizo al menos 15 intimidaciones en el transcurso de este año, y otro una amenaza, que forman parte de las 48 que se sucedieron desde junio del año pasado y los primeros días de mayo del año en curso. Rodríguez incluyó en el procesamiento a la pareja de uno de los imputados al encontrarla como partícipe necesaria: si bien no habría realizado las llamadas, el magistrado estimó que le facilitó la línea telefónica de su titularidad para la realización de dos intimidaciones durante abril de este año. El magistrado destacó que todo ello se logró determinar “merced a la labor desplegada por el titular de la vindicta pública junto con la colaboración policial”.

“Es indudable que entablar una comunicación telefónica sin revelar la identidad y manifestar ‘hay una bomba ‘, ‘van a volar por los aires’ y demás expresiones de ese estilo, difícilmente persiga otra finalidad que la de amedrentar, generar temor y tumulto público”, añadió el juez federal.

Embargos por más de tres millones de pesos

Tal como había sugerido Picardi, el juez ordenó y la Superintendencia de Administración de la PFA elaboró un estudio sobre el costo de los operativos realizados en el predio, que estimó en más de tres millones y medio de pesos. Para el embargo -por esa cifra- se tuvo “en especial consideración el perjuicio ocasionado al Estado, concretamente, el gasto causado por los procedimientos policiales tendientes a determinar la existencia de artefactos explosivos, el cese de las actividades del organismo público y el entorpecimiento producido a la Administración Pública en general”.

Las amenazas

Las intimidaciones fueron recibidas en diferentes abonados instalados en el predio ubicado en la Avenida del Libertador 8151 de la Capital Federal, como así también en los “servicios de emergencias 911 y que iban dirigidas en perjuicio de dicho predio", había reseñado el fiscal federal Picardi en el escrito presentado ante Luis Rodríguez.

A través de intervenciones telefónicas, registros de comunicaciones y tareas de inteligencia realizadas por el Departamento de Inteligencia y Crimen Organizado de la PFA y la Dirección de Captación de las Comunicaciones del Poder Judicial, se logró la identificación de los ahora procesados. Durante los allanamientos, se secuestró más de una veintena de teléfonos celulares -incluidos los utilizados en las llamadas- y chips de líneas telefónicas prepagas. Respecto al delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, la norma establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarmas, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.