Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva acusados de haber participado del secuestro extorsivo de un joven de 24 años ocurrido el 17 de mayo pasado en la zona porteña del Bajo Flores y que permaneció dos horas cautivo hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 de pesos. La investigación que permitió identificar y detener a los tres policías y a un ciudadano de nacionalidad peruana -también procesado como cuarto implicado en el caso- estuvo dirigida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°3, cuyo titular es el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los procesamientos fueron dictados el jueves pasado por la titular del Juzgado N°1 del mismo fuero, la jueza federal María Romilda Servini, quien además dispuso embargos por 50 millones de pesos para cada uno de los cuatro imputados.

Los efectivos alcanzados por la resolución son A.N.L. (32), P.O.M. (43) y H.M.D.S. (50). Los tres tienen la misma jerarquía de inspectores dentro de la fuerza y cumplían, hasta su detención, tareas como personal de “brigada” de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad, con asiento en el barrio de Parque Patricios.

Según la acusación, los tres utilizaron uno de los móviles no identificables de la dependencia en la que trabajaban para actuar como vehículo de apoyo y monitorear distintas fases del secuestro.

El cuarto procesado es un joven de nacionalidad peruana de 20 años domiciliado en el barrio de Barracas que trabaja como delivery para apps de reparto de comidas y cuya moto, según la pesquisa, fue empleada en distintas etapas del secuestro, entre ellas, la del cobro del rescate.

La resolución, que avaló la investigación del fiscal Taiano, calificó los hechos como “secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito de obtener rescate, por la participación de tres o más personas y por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de armas de fuego” (con una pena de 10 a 25 años de prisión), en concurso real con “robo agravado por el uso de armas” (de 5 a 15 años de prisión), ya que a la víctima también le robaron su celular iPhone 12 -con el que hicieron los llamados extorsivos- y un par de zapatillas Nike talle 39 que había ido a entregar por una supuesta venta y que, en realidad, fue el anzuelo con el que los delincuentes lo convocaron al sitio donde terminó siendo secuestrado.

En el caso de los tres policías, la figura del secuestro también está agravada por ser miembros de una fuerza de seguridad, en este caso, de la Policía de la Ciudad.

Los cuatro acusados fueron detenidos el 2 de septiembre pasado en una serie de ocho allanamientos -seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el conurbano bonaerense-, realizados a pedido de la fiscalía por detectives del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).

En la investigación también fue clave el aporte de la Dirección Autónoma Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad porteño, que brindó el detalle del geoposicionamiento, tanto del móvil policial implicado, como de los celulares “POC” de los efectivos imputados y las filmaciones del edificio donde funciona la DIC 4, donde pudieron observarse los movimientos de los policías el día del hecho.

El caso

El secuestro se inició alrededor de las 15 del 17 de mayo último, cuando la víctima -que se dedica a revender por internet distintos elementos que importa desde el exterior-, se dirigió en su vehículo particular desde su domicilio en Villa Lugano hasta la intersección de las avenidas Perito Moreno y Cruz, en la zona del Bajo Flores (inmediaciones del club San Lorenzo), por la venta de unas zapatillas Nike que tenía publicadas en la red social Instagram, y por las que fue contactado a través de un número desconocido por WhatsApp.

Allí, llegaron en una motocicleta dos hombres, uno de los cuales se identificó como el comprador de las zapatillas y le pidió a la víctima si podía contar el dinero dentro de su auto, ocasión que aprovechó para decirle “perdiste guachín” y amenazarlo y golpearlo con un arma de fuego. El secuestrador le quitó el celular y lo obligó a conducir por distintas zonas de la ciudad mientras lo mantenía cautivo.

La moto con dos tripulantes que participó del secuestro extorsivo. Foto: Fiscalía Federal N°3 de Capital Federal

El vehículo fue abordado por otro hombre que, desde el celular del damnificado, llamo a la novia y le exigió un rescate de 5.000 dólares a cambio de su libertad.

El pago fue acordado en el cruce de Rucci y Zuviría, de Villa Lugano, donde el hermano de la víctima entregó 4.000 dólares y 1.500.000 de pesos a un motociclista que tenía la mitad del rostro cubierto con un cuello polar, de tez trigueña y una cicatriz en su pómulo derecho, que le dijo “yo no tengo nada que ver, solo vengo por la plata”, en una tonada que el testigo luego describió como de extranjero.

La víctima fue liberada en una plazoleta y luego se encontró con los familiares que habían hecho el pago del rescate en la intersección de las calles Mariano Acosta y Tabaré, de Villa Soldati.

Las pruebas reunidas

La clave de la investigación estuvo en el análisis que los detectives del Departamento Antisecuestros Sur de la PFA hicieron de las imágenes recuperadas del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la ciudad, que permitieron reconstruir el recorrido de los vehículos intervinientes. Así identificaron no solo la moto del imputado peruano usada en la fase inicial y en el cobro del rescate, sino también un vehículo oficial de la Policía de la Ciudad. Se trata de una camioneta Citroën Berlingo blanca asignada a policías de civil de la DIC 4 como el móvil Nº 1177, que se desplazó por los lugares y en la franja horaria del secuestro.

Según la investigación y lo reportado a partir de las filmaciones, de ese vehículo bajó el hombre que en un momento del secuestro abordó el asiento trasero del auto de la víctima y le quitó el celular para comenzar los llamados extorsivos. La camioneta Berlingo también quedó filmada estacionada detrás del Ford Fiesta del secuestrado en el cruce Rivera y Vedia.

Por su parte, con los datos del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISEP) que monitorea a los móviles y efectivos de la Policía de La Ciudad, Asuntos Internos aportó los datos de geolocalización de ese vehículo asignado al inspector A.N.L. y los de su celular policial POC.

También entregó a la fiscalía las grabaciones extraídas del edificio donde se encuentra la DIC 4 de la Policía de la Ciudad, en la calle Zavaleta 425. Del análisis de esas cámaras, se pudo establecer que los tres policías ahora procesados se retiraron de la dependencia y abordaron la camioneta policial Citröen Berlingo, a las 15.05 del día del hecho: P.O.M. como conductor, A.N.L. como acompañante y H.M.D.S. en la parte trasera.

También se verificaron consultas realizadas en el sistema policial por el inspector A.N.L., sobre el dominio del auto de la víctima y su número de documento, justo en el lapso en que el joven se encontraba privado de la libertad.

Los registros de antenas telefónicas ubicaron a H.M.D.S. en la zona del hecho y, según la pesquisa, sería quien se subió al automóvil del damnificado y desde allí participó en las comunicaciones extorsivas. Tenía “cadena de oro” y era un “policía de brigada”, dijo un testigo de identidad reservada al referirse al secuestrador que abordó el vehículo de la víctima.

A su vez, P.O.M. fue colocado en la escena a partir de filmaciones y de la geolocalización de su celular.

Las características fisonómicas de los policías imputados y las ropas que le fueron secuestradas en los allanamientos también coinciden con la de algunos partícipes del hecho que fueron individualizados en algunos de los videos.

Uno de los secuestradores (arriba a la izquierda) baja del vehículo policial rumbo al auto de la víctima, y las ropas y elementos incautados a los policías imputados. Fotos: Fiscalía Federal N°3 de la Capital Federal

Respecto del repartidor imputado, la jueza tuvo en cuenta que su motocicleta Hero Hunk 150 fue identificada como la misma que participó del hecho, la declaración del hermano de la víctima en relación a la tonada del cobrador y a que tenía una cicatriz idéntica a la que tiene el acusado. También fueron analizadas sus redes sociales, donde se lo ve con la misma moto con la que trabajaba y que ahora lo incrimina.

Los fundamentos de la jueza

En su resolución, la jueza Servini destacó la contundencia del material reunido. “El cúmulo de elementos de prueba recolectados hasta aquí me permite tener por acreditada la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de los imputados”, señaló.

“No solo la identidad de M., L. y D.S., y su participación, han quedado debidamente acreditada con la visualización de las cámaras de monitoreo que los tomaron mientras desplegaban su ilícito accionar, manteniendo cautiva a la víctima, sino también, mediante los análisis de sus teléfonos personales y POC de servicio que los que colocan en el lugar del hecho”, señaló la jueza Servini al evaluar la prueba presentada por la fiscalía contra los imputados.

“Las cámaras de filmación de la División Investigaciones Comunales 4, en las que se observa ascender al móvil no identificable a los tres imputados y el seguimiento del móvil que realizó Asuntos Internos, donde se comprueba que coincide con los movimientos de la víctima, también despeja todo tipo de duda, sobre su participación”, agregó.

La magistrada subrayó además la gravedad institucional de que los delitos hayan sido cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad. Al respecto, afirmó: “Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir delitos, brindar seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos, sean quienes se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa y hagan uso de sus facultadas para lograr su comisión e impunidad”.

“Los nombrados se valieron de su condición de funcionarios policiales para acceder a información sensible y facilitar la maniobra, lo cual aumenta la peligrosidad del accionar y profundiza la afectación a la confianza pública en las instituciones”, opinó la jueza.

Por último, al describir la impunidad con la que se manejaron, Servini remarcó que “incluso, consumado el hecho ilícito pesquisado, todos los funcionarios policiales regresan a la seccional como si nada hubiese ocurrido”.

Prisión preventiva

La jueza dictó la prisión preventiva de los tres inspectores de la Policía de la Ciudad y del joven repartidor de comidas, al considerar que el caso se presentan riesgos procesales. "Existen elementos objetivos que permiten inferir que, en el supuesto de recuperar la libertad, los encausados intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”, consideró Servini.

También tuvo en cuenta que el delito por el que están imputados tiene una pena mínima de 10 años de prisión y que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la misma no resultará de aplicación condicional.

Servini ordenó el alojamiento de los cuatro procesados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, dispuso que la investigación continúe a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Taiano, con el objetivo de intentar identificar a otros posibles partícipes y para profundizar el análisis patrimonial de los actuales imputados.