La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió revocar la falta de mérito resuelta por el juez Juan José Comparato, en un caso vinculado al delito de trata de personas con fines de explotación laboral en dos establecimientos rurales en el partido de Azul.  La presentación ante la Cámara estuvo a cargo del fiscal general Daniel Adler.

El caso se inicia el 3 de febrero de 2011, a raíz de una denuncia formulada por el Director Regional de la AFIP, ante un llamado telefónico anónimo por medio del cual se hacía saber que por ruta 226 a la altura de Arroyo de los Huesos, había un campo con trabajadores en condiciones de hacinamiento, precariedad y trabajo en negro.

El funcionario indicó que se había realizado un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, en las estancias “Miraflores” y “La Emma”, en cercanías del paraje Arroyo de los Huesos, Partido de Azul, con el objeto de realizar los controles e inspecciones, donde se constato la existencia de condiciones de hacinamiento, precariedad, personal no registrado trabajando, presencia de menores (algunos trabajando), entre otras irregularidades.

Mas tarde, el fiscal de primera instancia, Walter Romero, solicitó el allanamiento de los establecimientos rurales mencionados, que fueron realizados una semana después de la denuncia de los hechos. En la finca “Los Mirasoles” se constató la presencia de 11 trabajadores de los cuales 1, era menor de edad, y en la finca “La Ema” se constató la presencia de 30 trabajadores, de los cuales 7 eran menores de edad. Ambas fincas habían sido arrendadas por el Daniel Soriano y su pareja María Ester Yancarelli.

Una año después, se precedió a tomar la declaración indagatoria a los imputados Soriano y Yancarelli, y más tarde el magistrado interviniente, Juan Jose Comparato, resolvió dictarle la falta de mérito a ambos imputados. Tanto Soriano como Yancarelli manifestaron en su defensa contratar a un "jefe de cuadrilla" y no tener otro conocimiento sobre el resto de los trabajadores. Ante esta resolución arbitraria y sin motivación alguna, es que se presenta la pertinente apelación ante la Cámara.

Los hechos

De acuerdo a las declaraciones testimoniales tomadas el día del allanamiento a los trabajadores de las fincas, se pudo confirmar que nunca habían firmado un contrato de trabajo, que ignoraban hasta cuándo iban a trabajar en ese lugar, y que desconocían cuál sería la remuneración que iban a percibir.

Las jornadas laborales se extendían entre 10 y 12 horas diarias, de lunes a sábados, aunque a veces podían ser más extensas. También se trabajaba los domingos si durante la semana había llovido, para “recuperar” el día, aseguraron los trabajadores. Además, a la fecha de los allanamientos no habían recibido paga alguna y sólo estaban autorizados para requerir “adelantos” del salario final.

Debían abonar los gastos de traslado, se les descontaban $ 30 pesos diarios por comida y tenían que proveerse de la vestimenta para el trabajo. Todo ello con el exiguo salario de $ 1,25 por bolsa de papa juntada, o $ 0,75 por bolsa de papa cargada, según la labor que cada uno realizaba.

La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad argentina, y otros de nacionalidad boliviana, y todos eran "trabajadores golondrina", una actividad que se caracteriza por el traslado de un lugar a otro de acuerdo a las cosechas, siendo una emigración temporal y repetitiva, y mayoritariamente vinculada a la explotación laboral.

En los testimonios, algunos declararon que pagaron sus propios pasajes en micro, para el primer tramo de viaje -hasta Retiro-,  y luego los fueron a buscar en remis, o bien los buscaba alguno de los identificados como jefes de la cuadrilla.

Los trabajadores respondían a Soriano, quien además retenía sus documentos de identidad. También en el predio se encontraban menores de edad trabajando en las mismas precarias condiciones de trabajo y explotación.

Por otro lado, se puedo corroborar el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas, quienes manifestaron, por ejemplo, "no tener derecho a realizar reclamos" por estar trabajando en "negro".

En cuanto a las condiciones de vivienda, se verificó que los trabajadores vivían en galpones, uno para dormir y otro para comer; no tenían baños ni servicios públicos. El lugar era absolutamente precario y tenía condiciones infrahumanas.

Resolución de la Cámara

Ante todo lo expuesto por los fiscales Romero en primera instancia y Adler en la etapa de apelación, la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió no solo revocar la falta de mérito resuelta por el juez, sino que solicitó procesar a Omar Soriano y María Ester Yancarelli por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Al mismo tiempo, encomendó al juez de la causa, profundizar la investigación a fines de establecer también posibles violaciones a la ley migratoria, y ampliar la indagatoria al "jefe de cuadrilla" de las fincas allanadas.