En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata –a cargo del fiscal Nicolás Czizik- el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, Santiago Inchausti, procesó a ocho personas que integraban una asociación ilícita dedicada a tramitar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) beneficios previsionales de forma irregular, lo que habría ocasionado un perjuicio a la administración pública estimado en noventa millones de pesos. Además, se dispuso la falta de mérito respecto de otras tres personas investigadas y el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $20 millones de pesos cada uno.

La investigación

La pesquisa se inició a raíz de la denuncia de la ANSeS ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), que daba cuenta de una serie de irregularidades detectadas en el marco del trámite y otorgamiento de jubilaciones y retiros por invalidez. La UFISES efectuó una investigación preliminar que concluyo en una denuncia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

La instrucción del sumario recayó en la Fiscalía Federal N°2 de dicha jurisdicción que logró determinar la existencia de una organización delictiva que se dedicaría a gestionar y obtener beneficios previsionales y de la seguridad social ilegítimos –jubilaciones y/o retiros por invalidez-, lo que habría generado un perjuicio de la administración pública estimado en noventa millones de pesos.

Para ello, a pedido de un cliente, la organización simularía una relación laboral mediante la presentación de denuncias “z” falsas o la carga de declaraciones juradas apócrifas, a partir de la utilización de documentación falsa y de los datos personales y clave fiscal de falsos empleadores o personas jurídicas que ya no desarrollaban actividad comercial, con el fin de modificar la base de datos del sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tras ello, presentaban ante la ANSeS la solicitud de beneficio previsional, denunciando la relación laboral. En los casos de retiros por invalidez, la organización influiría en la Comisión Médica -que debía analizar los antecedentes médicos de los potenciales beneficiarios y dictaminar en consecuencia- para lo cual obtenían información interna al efecto.

Sobre esa hipótesis, el representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al juez federal Santiago Inchausti el allanamiento de una serie de domicilios y la detención de los implicados, la que se materializó a fines de abril y mayo pasado. En el marco de esos procedimientos se encontró también un consultorio médico que no tendría habilitación para funcionar.

Procesamientos

En virtud de las pruebas colectadas por la fiscalía durante la investigación y tras la indagatoria de los detenidos –realizadas el 22 de mayo pasado- el juez Inchausti procesó con prisión preventiva a tres abogados y un asesor previsional como jefes u organizadores de asociación ilícita y coautores de defraudación contra la administración pública (reiterada en 16 oportunidades); tentativa de defraudación contra la administración pública (en tres oportunidades); uso de documento falso; alteración dolosa de registros y tenencia ilegítima de DNI ajenos. También procesó con prisión preventiva a un médico como miembro de la asociación ilícita, y a otro de ellos le su

Por otra parte, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y una caución personal de un millón de pesos para dos médicos como miembros de asociación ilícita. Asimismo, uno de ellos también fue procesado como partícipe primario del delito de defraudación contra la administración pública, mientras que se dictó el procesamiento del otro por el delito de cohecho reiterado en tres ocasiones. Igual temperamento adoptó en relación de una contadora como miembro de una asociación ilícita y coautora de defraudación contra la administración pública reiterada en once oportunidades; tentativa de defraudación contra la administración pública y alteración dolosa de registros.

También, el magistrado dictó la falta de mérito respecto de otras dos abogadas y un comerciante y el embargo de los bienes de siete de los imputados, hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos.